El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre y una mujer que, a través de mensajes públicos y privados de redes sociales y más de 10 números de teléfonos celulares distintos, amenazaron a quien había sido pareja de la imputada y a toda su familia.

Las amenazas fueron efectuadas en principio, sólo por la mujer quien por el término de un mes “de forma anónima desde diversos perfiles de la red social Facebook” envió mensajes públicos y privados a la víctima que quería terminar una relación afectiva que los unía. Los mismos se repitieron por mensajes telefónicos.

La Fiscalía agregó que tal comportamiento se repitió - sumando en esta oportunidad al imputado- extendiendo las amenazas a familiares del damnificado, entre ellos sus dos hijos menores de edad. “Las variadas amenazas estaban dirigidas a atentar contra la integridad física del denunciante y su grupo familiar, contra el vehículo de su propiedad y los domicilios de todos”.

Todas las declaraciones fueron acompañadas de capturas de pantallas que aportaron quienes recibieron este tipo de mensajes.

Para avanzar en la identificación de los imputados fue importante, además del trabajo del Cuerpo de Investigaciones judiciales de la Policía de Río Negro, la labor de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General. Los mensajes se enviaron desde un mismo aparato, pero se adquirieron para hacerlo más de una decena de chips. Para determinar ésto se analizaron más de 50 dispositivos móviles secuestrados.

La calificación legal de los hechos endilgados a los imputados es la de coacción y amenazas ambos delitos agravados por su anonimato. A ambos se le impusieron además medidas cautelares entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto por si o por terceros y a través de cualquier medio tanto al hombre como a sus familiares directos por el plazo de 4 meses en los que se llevará adelante la investigación penal preparatoria.