El Bloque de Legisladores del Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó un Proyecto de Comunicación dirigido al Congreso de la Nación, solicitando el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia N°846/2024. Este decreto permite al Poder Ejecutivo llevar adelante canjes de títulos en cualquier moneda, sin los requisitos que establece la Ley de Administración Financiera N°24.156 en su artículo 65, ni la necesaria intervención del Congreso, lo que, según los legisladores, implica una abierta violación de la Constitución Nacional.

Los legisladores Leandro García, Ana Marks, Daniel Belloso, Pedro Dantas y Luis Ivancich, fundamentan su oposición argumentando que el decreto elimina los requisitos de mejora de las condiciones de la deuda pública (en tasas, montos o plazos) establecidos por la ley, permitiendo únicamente que el Gobierno realice operaciones a precio de mercado. Esto, según los parlamentarios, no solo debilita el rol constitucional del Congreso en la toma de decisiones sobre el endeudamiento, sino que también compromete la soberanía económica del país y perpetúa el ciclo de endeudamiento externo que ha afectado a la Argentina durante décadas.

En los fundamentos también señalan que el decreto publicado el 23 de septiembre fue emitido apenas una semana después de que el propio Ejecutivo enviara el proyecto de presupuesto 2025 al Congreso, otorgándole al Parlamento la facultad de establecer límites para el canje de deuda. Esta acción, según los miembros del bloque PJ-NE, revela una "inconsistencia y conducta autoritaria" por parte del Ejecutivo, que en lugar de propiciar consensos políticos amplios, opta por decisiones unilaterales que profundizan la crisis institucional.

Además, los autores del proyecto remarcaron la inconstitucionalidad del decreto, recordando que la Constitución Nacional en su artículo 75 (incisos 4 y 7) asigna exclusivamente al Congreso la potestad de contraer deuda y arreglar los términos de su pago. "El DNU 846/2024 es un ataque directo a la división de poderes y un retroceso peligroso en materia de soberanía nacional", indicaron.

En cuanto a los antecedentes históricos, los legisladores advierten que este tipo de medidas ya han demostrado ser contraproducentes para la estabilidad económica del país. Citaron como ejemplo el "megacanje" de 2001, una reestructuración de deuda que fue procesada judicialmente por incumplir con las leyes financieras vigentes, y que empeoró el perfil de deuda del Tesoro Nacional. Señalaron que medidas de este tipo terminan subordinando las necesidades internas del país a los intereses de los acreedores externos, en lugar de buscar un esquema de pago sostenible y consensuado.

Finalmente, el Bloque PJ-NE hizo un llamado a las demás fuerzas políticas a unirse en defensa de la institucionalidad y la soberanía del país. "Es fundamental que el Congreso rechace este decreto y reafirme su rol como garante del control sobre la deuda pública, protegiendo a las futuras generaciones de un endeudamiento irresponsable", concluyeron los legisladores.