Río Negro avanza hacia la adhesión a la Ley de Recetas Electrónicas

La Legislatura aprobó en primera vuelta la normativa para digitalizar prescripciones médicas

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La Legislatura de Río Negro aprobó en primera instancia el proyecto de adhesión a la Ley Nacional N° 27.553, que establece la validez de las recetas médicas electrónicas. La normativa, impulsada por el bloque CC ARI Cambiemos, recibió unanimidad en la votación y busca implementar el uso de recetas digitales en la provincia.

La iniciativa había ingresado a comisiones en julio, donde fue evaluada por la Comisión de Asuntos Sociales, que aconsejó su sanción y propuso modificaciones específicas. El proyecto establece que el Ministerio de Salud provincial será la autoridad de aplicación y que se otorgarán facultades para ajustar los plazos necesarios para cumplir con la implementación de la ley.

El impulso hacia la digitalización de las recetas se enmarca en un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, una tendencia acelerada por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de limitar el contacto presencial en la gestión de servicios de salud. La transición a entornos virtuales se extendió a diferentes sectores y permite realizar gestiones de forma remota, ganando en seguridad y eficiencia en el manejo de documentos y datos.

La Ley Nacional de Recetas Electrónicas fue sancionada en 2020 por el Congreso y reglamentada en 2024, y permite que las recetas médicas electrónicas sean válidas para la prescripción de medicamentos y estudios. Esto facilita el seguimiento de tratamientos y el control de las prescripciones, beneficiando tanto a profesionales como a pacientes.

El proyecto rionegrino también apunta a formalizar los avances en digitalización realizados por instituciones provinciales, como el Instituto Provincial del Seguro de Salud, que implementó recetas electrónicas en distintos planes de provisión de medicamentos. Desde el bloque CC ARI Cambiemos destacaron la necesidad de formalizar la adhesión a la normativa nacional para evitar vacíos legales y asegurar la coherencia normativa en el ámbito provincial.

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