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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro desestimó las declaraciones del Gobierno provincial, que negó que se trate de despidos y los calificó como "cesantías de contratos" debido al supuesto incumplimiento de obligaciones laborales. El gremio insistió en que las más de 400 bajas en la administración pública son despidos injustificados y representan una grave vulneración de derechos laborales.
Desde ATE reiteraron que los afectados son trabajadoras y trabajadores que prestaban servicios en organismos como los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Humano, con una antigüedad superior a los seis años. Según el sindicato, estas cesantías no solo violan el derecho a la estabilidad laboral consagrado en la Constitución Nacional, sino que también se realizaron sin sustento legal.
Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro, calificó los dichos oficiales como una estrategia para desviar la atención sobre la crisis que atraviesa la gestión estatal. "El Ejecutivo intenta justificar lo injustificable, culpando a sus trabajadores de una crisis que no pueden ocultar. Estos son despidos de empleados que cumplían con sus tareas, muchas veces aportando recursos propios", sostuvo.
El dirigente gremial también señaló que la decisión gubernamental impactará directamente en los derechos de la ciudadanía. "Estas cesantías afectan no solo a los trabajadores, sino a toda la comunidad, que verá reducido su acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad", advirtió.
ATE convocó a un plenario de secretarios generales para la próxima semana, donde se definirán las medidas a seguir ante la situación. La organización gremial mantiene su postura firme de que estos despidos deben ser revertidos y que el Gobierno debe garantizar condiciones laborales dignas para quienes desempeñan tareas en el ámbito público.
8 enero 2025
Gremiales