Un proyecto de ley busca implementar controles periódicos para asegurar la integridad y transparencia en todos los poderes del Estado

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La diputada nacional Lorena Villaverde, representante por el espacio político La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicólogicos periódicos y aleatorios a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La iniciativa tiene como principal objetivo garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.

El proyecto establece que todos los funcionarios deberán someterse a un examen toxicólogico al asumir el cargo, al menos una vez al año, y de manera aleatoria cada tres meses, sobre una muestra representativa de los empleados estatales. Las sustancias a detectar incluyen drogas ilegales como cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas, con excepción de aquellas que hayan sido prescritas por un médico profesional.

La diputada Villaverde destacó la importancia de que aquellos que ocupan cargos públicos se comporten como ejemplo en la lucha contra las drogas y en la prevención de adicciones. En declaraciones a medios, enfatizó que "es imperativo erradicar la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel se involucren en el consumo de sustancias ilícitas, socavando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones".

Los análisis serán realizados por laboratorios certificados que cumplirán con rigurosos protocolos de seguridad y confidencialidad. En caso de que los resultados sean positivos, el funcionario tendrá la opción de solicitar una contraprueba dentro de un plazo de 48 horas. Si la contraprueba confirma el resultado inicial, se procederá a una suspensión preventiva sin goce de haberes hasta que se resuelva la situación de manera definitiva.

Villaverde aseguró que el proyecto tiene como fin “fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus representantes y promover una cultura de responsabilidad y transparencia en el ejercicio de la función pública”. Además, destacó que esta medida forma parte de un conjunto de propuestas que buscan transformar el panorama político y mejorar la percepción social sobre la clase dirigente.

La propuesta generó un amplio debate entre distintos sectores políticos, con voces tanto a favor como en contra de la implementación de esta medida. Sin embargo, la diputada aseguró que su equipo trabajará en un consenso para lograr que el proyecto avance en el Congreso Nacional.