La Administración Pública Nacional (APN) ejecutó hasta julio de 2026 un 32% menos de gasto en términos reales que durante el mismo período de 2023, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El informe identifica fuertes reducciones en partidas vinculadas con salud, educación, ciencia, seguridad social, desarrollo productivo, transporte y obra pública, mientras que la Secretaría de Inteligencia del Estado registra un incremento real del 33%.

El análisis elaborado por CEPA también pone el foco en la composición del gasto: los Servicios de la Deuda Pública representan el 11% del total ejecutado por la Administración Pública Nacional durante los primeros siete meses del año.

En el área de salud, el relevamiento registra algunas de las principales caídas. La ejecución de la Superintendencia de Servicios de Salud bajó 58%, mientras que en los hospitales nacionales las reducciones se ubican entre el 27% y el 51%. También aparecen bajas en el Instituto Malbrán (-31%) y la ANMAT (-37%).

El informe señala además que determinados programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan reducciones de hasta el 100% en su ejecución. En sentido contrario, el INCUCAI registra un incremento real del 72%.

La ciencia y la tecnología también aparecen entre las áreas con mayores recortes. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una caída del 88%, mientras que el CONICET acumula una reducción real del 35% y la CONAE del 64%.

Dentro del mismo sector, el Servicio Geológico Minero Argentino y la Fundación Miguel Lillo muestran bajas del 30%, la CONEAU del 31% y el Servicio Meteorológico Nacional del 35%.

En materia de seguridad social y desarrollo social, la ejecución de la ANSES cayó 7%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registra una reducción del 75% y el INAES del 80%. El programa de Economía Social y el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia aparecen con una ejecución 100% inferior al período utilizado como comparación.

Las políticas de protección social también presentan fuertes disminuciones. El Plan Nacional de Protección Social registra una caída del 99%, mientras que los recursos destinados a Comedores Comunitarios y Merenderos bajaron 61% y la Prestación Alimentar tuvo una reducción real del 36%.

En educación, el relevamiento de CEPA marca una ejecución nula para Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, con una caída del 100%. También se redujo 84% la partida destinada a la gestión y asignación de becas para estudiantes.

A esto se suman descensos del 92% en las acciones de formación docente, del 41% en el desarrollo de la educación superior y del 97% en infraestructura y equipamiento educativo.

El ajuste también alcanza a organismos vinculados con energía y desarrollo productivo. La Comisión Nacional de Energía Atómica registra una baja real del 40%, mientras que la Autoridad Regulatoria Nuclear cae 29%, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad 34% y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas 30%.

En las fuerzas federales, el informe registra reducciones en todos los organismos relevados: la ejecución de la Policía Federal cayó 35%, la Gendarmería 32% y la Prefectura Naval 32%. En las Fuerzas Armadas, el Ejército presenta una baja del 19%, la Armada del 21% y la Fuerza Aérea del 23%.

Uno de los sectores donde aparecen las mayores variaciones es transporte y obra pública. El relevamiento identifica caídas de entre el 77% y el 100% en programas vinculados con infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes.

También se observan fuertes reducciones en las transferencias y programas de asistencia destinados a provincias y municipios. La Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios registra una caída del 98%, mientras que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires presenta una ejecución 100% menor.

En paralelo con este escenario de reducción general del gasto, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, incrementó su ejecución real un 33% durante el período analizado.

El informe de CEPA plantea así un escenario en el que la reducción del gasto nacional se concentra en una amplia variedad de políticas públicas, con impactos especialmente marcados en programas sociales, sanitarios, educativos, científicos y de infraestructura, mientras los servicios de la deuda mantienen una participación significativa dentro del presupuesto ejecutado.