Ante la falta de acuerdo en el Senado, el Presidente nombró en comisión a dos jueces de la Corte para completar el tribunal

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El Gobierno Nacional designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión fue tomada por el presidente Javier Milei luego de que el Senado no tratara los pliegos de ambos candidatos, "a pesar de que se habían cumplido los procedimientos normativos requeridos".

Desde la oficina de Presidencia emitieron un comunicado recordando haber remitido los pliegos al Senado el 27 de mayo de 2024, tras cumplir con la publicación en el Boletín Oficial y la realización de las audiencias públicas correspondientes. Sin embargo, aclararon, durante casi un año, la Cámara Alta no avanzó en su tratamiento, lo que llevó al Gobierno a recurrir a la facultad presidencial de realizar designaciones en comisión.

Desde la Casa Rosada señalaron que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, otorga al Presidente la atribución de nombrar jueces de la Corte Suprema, mientras que el Senado debe prestar su acuerdo o rechazarlos en función de su idoneidad. Según remarcaron desde el Ejecutivo, la falta de pronunciamiento por parte del Senado motivó la decisión de avanzar con la designación en comisión, una medida que, remarcan, fue utilizada históricamente por distintos mandatarios ante escenarios similares.

El oficialismo había intentado incluir el debate en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para destrabar la situación, pero el tratamiento no prosperó. En este contexto, con la designación de Lijo y García Mansilla por Decreto, Milei busca normalizar el funcionamiento del máximo tribunal, que desde hace tiempo opera con solo tres ministros.

Con esta medida, el Gobierno Nacional reafirmó su postura de que la Corte Suprema debe contar con su integración completa para garantizar el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Mientras tanto, el Ejecutivo sosotiene que continuará impulsando el proceso legislativo para que el Senado trate los pliegos y se formalice la designación de los magistrados.