La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional de 36 horas que comenzará este miércoles 10 de abril al mediodía y se extenderá hasta la medianoche del jueves. La medida implicará la paralización de la Administración Pública Nacional en todo el país, con el funcionamiento exclusivo de servicios esenciales, como las guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en centros asistenciales.
La decisión fue ratificada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tras un encuentro mantenido con el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo. La reunión permitió alinear posiciones en el marco de la huelga general convocada por las centrales obreras, a la que ATE adhiere como integrante de la CTA Autónoma.
Durante el paro, además de los hospitales, se verán afectados otros servicios clave, como la recolección de residuos, el funcionamiento de la ANSES y el PAMI —que sólo atenderán emergencias—, así como el desempeño de agentes de tránsito, controladores aéreos, operadores de medios públicos, personal de migraciones, auxiliares de educación y técnicos del Senasa. En materia aérea, sólo se garantizarán los vuelos sanitarios y de Estado bajo la órbita de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También se verán comprometidas tareas vinculadas a puertos, aduanas, y mantenimiento de plantas nucleares.
El reclamo central de ATE apunta a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios del sector público. Desde el sindicato exigen al Gobierno nacional un aumento de emergencia en una sola cuota y un bono mensual de 150 mil pesos. Según la información recabada por este medio, los trabajadores estatales recibieron hasta el momento subas salariales del 1,5% en enero y del 1,2% en febrero, frente a una inflación que en esos meses fue del 2,2% y 2,4% respectivamente.
Desde ATE también expresaron el rechazo a la posible privatización de empresas públicas, el cierre o fusión de organismos del Estado y la reciente decisión administrativa 7/2025 de la Jefatura de Gabinete, que habilita un aumento salarial para altos funcionarios en paralelo a los despidos de trabajadores. Entre los reclamos se incluyen además la reincorporación de empleados despedidos de manera considerada ilegal por la organización, la reapertura de paritarias, el restablecimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y la restitución de la moratoria previsional.
“El Gobierno no ha dado respuestas a ninguno de estos planteos, y mantiene la negociación salarial en cuarto intermedio desde marzo sin abrir instancias de diálogo”, sostuvieron voceros gremiales consultados por La Palabra. También afirmaron que la medida de fuerza busca expresar un mensaje claro a los legisladores, en momentos donde se discuten iniciativas que implican modificaciones estructurales en el sector público.
El paro de 36 horas será la primera acción extendida de estas características en lo que va del año impulsada por ATE, en articulación con otras organizaciones sindicales y sociales, en el marco del actual escenario económico y político nacional. Desde el gremio indicaron que la jornada podría marcar el inicio de un nuevo tramo del plan de lucha, cuya continuidad dependerá del resultado de las próximas semanas.
8 abril 2025
Gremiales