La política habitacional del Gobierno de Río Negro volvió a quedar en el centro del debate a partir de cuestionamientos públicos sobre la cantidad de viviendas construidas durante el último año y la administración de los fondos específicos destinados a ese fin. Las observaciones apuntan a la ejecución de recursos provinciales y nacionales, así como al impacto de esa situación en el déficit habitacional.

Los planteos surgieron luego de la difusión de un informe oficial del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), en el que se destacó la construcción de alrededor de 300 viviendas en la provincia durante 2025. Esa información fue puesta en discusión por el exlegislador provincial Raúl Martínez, quien expresó reparos sobre los datos difundidos y su correlato con la realidad habitacional.

De acuerdo a lo señalado por Martínez, la cantidad de viviendas efectivamente construidas durante ese período sería considerablemente menor a la informada oficialmente, y estimó que no alcanzaría el 20 por ciento de la cifra difundida. En el mismo sentido, cuestionó la afirmación de que no hubo aportes nacionales para la construcción de viviendas, al indicar que la provincia habría recibido durante ese lapso recursos por aproximadamente 25 mil millones de pesos.

Siempre en base a lo expresado por el exlegislador, esos fondos habrían sido suficientes para avanzar en la construcción de más de 500 viviendas, si se hubieran aplicado de manera específica al destino previsto. En ese marco, recordó que durante la última década realizó reclamos vinculados a la correcta utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), sin que, según indicó, se hayan producido modificaciones sustanciales.

Desde esa perspectiva, Martínez planteó que los sucesivos gobiernos provinciales habrían derivado esos recursos a otros fines, distintos a la construcción de viviendas. Como consecuencia de esa situación, enumeró una serie de efectos directos, entre ellos la persistencia de familias sin acceso a una vivienda, la falta de empleo en el sector de la construcción, el crecimiento del déficit habitacional y el aumento del hacinamiento en hogares numerosos.

El exlegislador también vinculó esta problemática con una merma en la actividad comercial asociada a la obra pública y cuestionó el rol de algunos funcionarios provinciales en la difusión de información sobre la política habitacional. En sus declaraciones, señaló que continuará realizando denuncias públicas sobre estas cuestiones, al considerar que afectan de manera directa a los sectores con mayores dificultades de acceso a la vivienda.