Por Marco Calarco (*)

El verdadero objetivo detrás de la eliminación de la Feria Judicial:

Es evidente, cuando tocan los plazos de la justicia, lo hacen porque se les terminó el tiempo político y el consenso social.-

No es una reforma.

No es modernización.

No es eficiencia.

Es una jugada de supervivencia.

Cuando un gobierno que lleva más de catorce años administrando una provincia decide alterar el régimen de plazos procesales y ampliar la discrecionalidad organizativa del Poder Judicial, no está pensando en el ciudadano que espera justicia. Está pensando en sí mismo y en cómo lograr la impunidad necesaria para salir airoso.

Porque el que gobierna mucho tiempo acumula poder… pero también acumula responsabilidades.

Y cuando el ciclo empieza a agotarse, el instinto no es rendir cuentas.

Es blindarse.

El tiempo judicial no es técnico. Es poder puro.

Los plazos procesales determinan cuándo se acusa, cuándo se defiende, cuándo prescribe una causa, cuándo se archiva un expediente, cuándo se eleva a juicio.

El que maneja los tiempos maneja el tablero.

Eliminar la suspensión de términos y permitir que los plazos corran ininterrumpidamente durante todo el año no es un detalle administrativo. Es alterar el equilibrio estructural del sistema judicial.

Y si además se concentra en el Superior Tribunal de Justicia la facultad de reglamentar turnos, subrogancias y organización interna, el margen de discrecionalidad se expande en un momento políticamente sensible.

Eso no es ingenuidad institucional.

Es cálculo, es temor, es saberse sucio y en vez de corregir se insiste en ensuciar mas el territorio, aunque signifique teñirlo de impunidad.

Catorce años de poder y una provincia exhausta

Miremos la realidad sin maquillaje:

Salarios públicos destruidos, en Rio Negro se es pobre incluso teniendo trabajo.

Establecimientos educativos deteriorados y sin mantenimiento serio.

Hospitales desfinanciados y con faltantes básicos.

Policías cobrando sueldos que no compensan el riesgo que asumen.

Empleados públicos sobreviviendo con ingresos que no alcanzan.

Ese es el balance material.

El balance institucional tampoco es brillante:

Legislatura que no confronta al Ejecutivo.

Organismos de control debilitados.

Justicia cuya independencia es mera ficción.

Este modelo no dejó prosperidad estructural.

Dejó marketing político.

Y dejó una red de lealtades sostenidas por conveniencia.

Ya nadie es oficialista gratis.

La política provincial dejó de ser convicción para convertirse en administración de intereses.

Blindar la salida. Disciplinar la oposición.

Actualmente hay varias causas en sintonía por hechos que para un lado son archivadas, para el lado del político opositor es un procesamiento.

Por lo tanto hay que hacerse una pregunta simple:

¿Por qué tocar los plazos ahora?

Cuando hay causas sensibles.

Cuando hay actores políticos que cuestionan al poder.

Cuando el escenario electoral empieza a tensarse.

Cuando el desgaste de gestión es evidente.

El tiempo judicial puede servir para dos cosas:

Acelerar procesos contra quienes incomodan.

Dilatar o desactivar lo que compromete al oficialismo.

Un procesamiento rápido puede destruir reputaciones antes de que exista condena.

Una causa que se duerme estratégicamente puede extinguirse sin ruido.

Y en ambos casos, el reloj es el arma.

Por eso el reloj importa.

Por eso tocar el régimen de términos no es inocente.

La narrativa del privilegio es una coartada

Hablan de privilegios.

Hablan de modernización.

Hablan de eficiencia.

Pero no hablan de controlar horarios reales de magistrados.

No hablan de auditorías de productividad.

No hablan de transparencia en designaciones.

No hablan de independencia real frente al Ejecutivo.

No dan la información que se solicita y los pedidos de informes que hacen desde la legislatura no se condice con lo cuestionado.

Si la mora judicial fuera el problema central, empezarían por controlar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral. No por modificar la estructura temporal del sistema.

La reforma se vende como moralización.

Pero huele a autopreservación y a podrido.

No es solo una discusión jurídica. Es ética.

Una provincia donde el poder político impulsa reformas estructurales sobre el funcionamiento judicial mientras deja salarios en la miseria y servicios públicos deteriorados es una provincia que perdió el eje moral.

No se puede hablar de eficiencia cuando el docente no llega a fin de mes.

No se puede hablar de modernización cuando el hospital no tiene insumos.

No se puede hablar de institucionalidad cuando la Legislatura actúa como escribanía.

La concentración de poder en contextos de desgaste no es reforma. Es reflejo de miedo.

No hay más margen para la tibieza

Este no es un momento para matices suaves.

Si el poder cree que puede reorganizar el tiempo judicial para protegerse o disciplinar, se equivoca.

Pase lo que pase, de este lado vamos a pelear.

En la calle.

En el plano legal.

En cada instancia institucional donde intenten avanzar sobre nuestros compañeros y compañeras.

En cada lugar donde intenten usar la justicia como herramienta de intimidación política.

En cada barrio donde la miseria estructural sea el resultado de años de gestión deficiente.

No vamos a normalizar la concentración obscena de poder.

No vamos a suavizar el lenguaje para incomodar menos.

No vamos a aceptar que se disfrace de modernización lo que es estrategia de supervivencia.

El final que el poder intenta evitar

Cuando un modelo político se sostiene más en marketing que en resultados reales, su fragilidad es estructural, porque perdió todo el sentido social, el oficialismo en Rio Negro no tiene norte, desconoce por completo la realidad de los rionegrinos y rionegrinas.

Y cuando empiezan a tocar reglas sensibles en momentos críticos, es porque sabe que el ciclo se agota.

Pueden modificar calendarios.

Pueden dictar reglamentos.

Pueden disciplinar coyunturalmente.

Pero no pueden frenar la memoria colectiva ni la demanda de rendición de cuentas.

Si Río Negro recupera un equilibrio institucional auténtico, si la Constitución provincial vuelve a ser límite real y no formalidad, quienes hoy manipulan las reglas deberán responder.

Porque cuando el poder intenta bañarse de impunidad antes de irse, la salida nunca es elegante.

Es con ruido.

Es con escándalo.

Es con memoria.

La pregunta ya no es si vamos a pelear.

La pregunta es si el poder está preparado para enfrentar una sociedad que dejó de tener miedo.

Porque cuando el miedo cambia de lado, ni con marketing alcanza.

(*) Secretario General de SITRAJUR