La investigación por la entrega de canteras de arenas silíceas en Río Negro sumó un nuevo capítulo tras la ampliación de una denuncia judicial que incorpora información sobre adjudicaciones recientes y posibles irregularidades vinculadas a un ex asesor legislativo.

La presentación fue realizada por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé ante la Fiscalía N° 2 de Viedma, donde agregó nuevos elementos a la denuncia iniciada en octubre pasado. En el escrito se menciona al ex asesor Claudio Ciccarelli, quien se desempeñaba en el ámbito legislativo al momento de recibir o iniciar los trámites para la concesión de canteras silíceas por parte del Gobierno provincial.

Según lo expuesto en la ampliación, la situación podría encuadrarse en un conflicto de intereses, en tanto se señala que el entonces asesor habría accedido a beneficios vinculados a la explotación de recursos provinciales mientras cumplía funciones dentro del Estado. La denuncia apunta a que esta circunstancia sea investigada en el marco de la normativa vigente.

El planteo judicial tiene como objetivo que se analice una posible vulneración a la Ley de Ética Pública, así como la eventual comisión de otros delitos asociados al acceso a información privilegiada. En ese sentido, se busca determinar si existieron mecanismos que favorecieron intereses privados en la asignación de estos recursos.

Otro de los puntos incluidos en la presentación refiere a la falta de respuestas por parte del Gobierno de Río Negro a los pedidos de informes y oficios judiciales relacionados con la causa. De acuerdo a lo señalado, esta situación estaría dificultando el avance de la investigación en curso.

En declaraciones vinculadas a la ampliación de la denuncia, Delgado Sempé indicó que continuará impulsando acciones para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. En ese marco, remarcó la importancia de los procesos institucionales vinculados al control y la administración de los recursos públicos.

La causa permanece en etapa de investigación, con el objetivo de establecer si las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa vigente y si existieron irregularidades en los procedimientos administrativos analizados.