El tratamiento del proyecto que busca modificar la regulación de la actividad farmacéutica en Río Negro abrió un nuevo frente de discusión en el sistema de salud provincial. Desde el sector farmacéutico advirtieron que la iniciativa puede cambiar el modelo actual de atención y derivar en una mayor concentración de farmacias en zonas rentables, con menos controles sobre la dispensa de medicamentos y menor cobertura en barrios y localidades alejadas.

La postura fue planteada por el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, que difundió una carta abierta antes del inminente tratamiento del proyecto en la Legislatura provincial. La entidad sostuvo que el medicamento “no es una mercancía cualquiera”, sino un bien social protegido por la Constitución de Río Negro.

Remarcaron quen la Constitución provincial reconoce al medicamento como un “bien social básico y fundamental”, por lo que su acceso, calidad y uso deberían quedar garantizados bajo criterios sanitarios y no exclusivamente comerciales. En esa línea, cuestionaron que el proyecto ponga el eje en la competencia económica y advirtieron que ese enfoque puede debilitar la función sanitaria de las farmacias.

Para el Colegio, una farmacia no puede ser considerada como un comercio más. “La farmacia no es un comercio sino un establecimiento sanitario”, señalaron. En ese espacio, indicaron, las personas no sólo compran medicamentos: también consultan sobre tratamientos, controlan su salud, acceden a vacunas y reciben orientación profesional.

La entidad subrayó que la presencia del farmacéutico es central para garantizar un uso seguro y racional de los medicamentos y para evitar riesgos derivados de la automedicación o del consumo inadecuado. En ese sentido, remarcaron que el vínculo entre farmacia y profesional farmacéutico no puede separarse.

Entre los principales cuestionamientos al proyecto aparece el riesgo de que las farmacias comiencen a concentrarse en las zonas de mayor rentabilidad económica. Plantearon que el esquema vigente permitió durante años una cobertura “homogénea y equitativa” en toda la provincia, incluso en localidades o barrios donde una lógica puramente comercial no justificaría la instalación de una farmacia.

“Las empresas, en su lógica comercial, tienden a ubicarse en áreas densamente pobladas”, advirtió el Colegio. Señalaron que eso podría dejar sin cobertura adecuada a sectores de la población que hoy cuentan con una farmacia cercana gracias al modelo actual.

Además, rechazaron uno de los argumentos utilizados para impulsar la reforma: la posibilidad de que aumente la competencia y bajen los precios de los medicamentos. “Los precios no disminuyen, porque las farmacias no somos formadoras de precios”, afirmaron. Desde el sector sostienen que la desregulación no necesariamente mejora el acceso y que, por el contrario, puede derivar en una menor calidad de atención y en un control sanitario más débil.

Los farmacéuticos también respaldaron su posición en antecedentes judiciales. Recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo conocido como “Fallo Farmacity”, definió que la farmacia forma parte del sistema de salud y que el medicamento requiere un control profesional y estatal adecuado.

En esa resolución, el máximo tribunal sostuvo además que “la farmacia es inescindible del farmacéutico” y que las normas que regulan quién puede ser titular de una farmacia no son arbitrarias, sino que buscan proteger la salud de la población. El Colegio también citó un fallo reciente de la justicia federal, en la causa “Causa COFA”, donde se advirtió sobre los riesgos sanitarios de avanzar con procesos de desregulación en la actividad farmacéutica.

La entidad aclaró que no rechaza los cambios ni la incorporación de nuevas herramientas. Por el contrario, señaló que acompaña la modernización del sistema y mencionó como ejemplo la implementación de la receta electrónica, una medida que el propio sector farmacéutico promovió en los últimos años.

Sin embargo, insistieron en que cualquier reforma debe respetar el carácter del medicamento como bien social y preservar el derecho a la salud. “Estamos a favor de la modernización”, expresaron, aunque advirtieron que eso no debería implicar un cambio de modelo que desplace la prevención, el acompañamiento y la presencia territorial por una lógica basada exclusivamente en el mercado.

Otro de los puntos que cuestionó el Colegio tiene que ver con la forma en que el proyecto llegó a discusión. La entidad manifestó preocupación porque un tema de esta magnitud sea tratado con premura y sin instancias amplias de debate y participación social.

“Preocupa que un tema de esta trascendencia sea tratado en un contexto de urgencia”, señalaron. A su entender, una reforma de este tipo debería incluir la opinión de profesionales, organizaciones de la salud, universidades y la comunidad, debido al impacto que puede tener sobre el acceso a medicamentos y sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial.

Para el Colegio de Farmacéuticos, sostener el modelo vigente no responde a una defensa corporativa. “No está en juego un mercado: está en juego la salud de la población”, concluyeron.