La decisión de quitar las licencias gremiales a dos dirigentes de ASSPUR y abrir un sumario administrativo contra una de ellas sumó en las últimas horas una nueva ola de pronunciamientos. A los respaldos ya expresados por UnTER y la agrupación 17 de Noviembre, se agregaron sindicatos docentes, judiciales, organizaciones de salud y espacios políticos de Río Negro y otras provincias.

El conflicto se originó luego de que ASSPUR denunciara que el Gobierno provincial dejó sin efecto las licencias gremiales de Cesira Mullally y Marisa Albano, además de iniciar un sumario contra Albano. El gremio interpretó la medida como un avance sobre la organización sindical y convocó a mantenerse en estado de alerta y asamblea permanente.

Entre las nuevas adhesiones apareció la de CUI.DO RN, que expresó su solidaridad con las dos dirigentes y reclamó la “revisión inmediata” de la medida. La organización sostuvo que existe una “vulneración de derechos constitucionales” y denunció un intento de “silenciar reclamos legítimos” de las y los trabajadores de la salud.

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ASSPUR denunció quita de licencias y un sumario contra dos de sus dirigentes

También se pronunció ADUNC Fiske, que vinculó la decisión con un intento de disciplinamiento hacia quienes intervienen en la defensa de la salud pública. El sindicato universitario consideró que la quita de la licencia gremial a Mullally y el sumario contra Albano forman parte de un escenario de “hostigamiento político” y reclamó que se respeten los derechos laborales y sindicales de ambas trabajadoras.

Desde ATEN Capital también cuestionaron la medida y la definieron como un ataque contra la organización sindical. El gremio docente neuquino sostuvo que las dirigentes de ASSPUR son reconocidas como representantes gremiales y participan de reuniones con el Ejecutivo provincial, por lo que consideró improcedente el argumento de “inasistencias injustificadas” utilizado para abrir el sumario.

La situación también generó repercusiones fuera de la Patagonia. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán, integrante de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, calificó la decisión como una “persecución gremial” y exigió la restitución de las licencias y el archivo del sumario. En el mismo sentido, FESPROSA sostuvo que el Gobierno provincial avanzó contra la libertad sindical y cuestionó que se hayan desconocido fallos de la Corte Suprema vinculados a la representación de sindicatos con simple inscripción.

Otro de los pronunciamientos llegó desde Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, que consideró que la situación “no es un hecho aislado” sino parte de un mecanismo de disciplinamiento sobre quienes reclaman. El sindicato judicial reclamó el cierre inmediato del sumario contra Albano y la restitución de las licencias gremiales, al tiempo que advirtió que las medidas contradicen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Ley 23.551 y los convenios internacionales sobre libertad sindical.

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Crece el respaldo a ASSPUR por la quita de licencias a sus dirigentes

En paralelo, también hicieron público su respaldo espacios políticos como Izquierda Socialista Río Negro y la Unidad Básica Benito Martínez, además de Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Todos coincidieron en reclamar que se revierta la medida adoptada por el Gobierno provincial y se garantice el ejercicio de la representación sindical.

Las organizaciones que se pronunciaron repitieron un mismo planteo: que el conflicto excede a las dos dirigentes afectadas y pone en discusión la vigencia de la libertad sindical en la provincia. En la mayoría de los comunicados se insistió con que avanzar sobre una organización gremial implica, también, condicionar al conjunto de las y los trabajadores.

Hasta el momento, el Gobierno de Río Negro no difundió una respuesta pública sobre los cuestionamientos ni sobre el pedido de restitución de las licencias gremiales.