La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación se reavivó a raíz de los cuestionamientos sobre los beneficios otorgados a funcionarios nacionales. Un relevamiento realizado tras una convocatoria sindical mostró que 623 de 714 solicitudes presentadas por trabajadores estatales fueron rechazadas casi de inmediato, mientras que los pocos casos que avanzaron recibieron propuestas de financiamiento hasta diez veces menores que las adjudicadas a integrantes del oficialismo libertario.

La información fue difundida por ATE Nacional, luego de la movida que impulsó para que estatales de todo el país pidieran préstamos con las mismas condiciones —montos, tasas y plazos— que habían obtenido funcionarios vinculados a La Libertad Avanza, tras conocerse casos como el del exjefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, que accedió a un crédito por 420 millones de pesos.

“Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más”, sostuvo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, al dar a conocer los resultados del relevamiento. El sindicalista planteó que, además de los rechazos masivos, hubo exigencias para los trabajadores —como análisis de endeudamiento, historial crediticio y estabilidad laboral— que, según denunció, no se aplicaron con el mismo criterio en los casos de funcionarios oficialistas.

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Entre los casos expuestos aparece el de un trabajador de PAMI, con un ingreso superior a 2 millones de pesos, que obtuvo una calificación crediticia de 55 millones, muy por debajo del valor estimado de una vivienda familiar promedio, calculada en 170 millones de pesos, según datos de Zonaprop. También se mencionó el caso de un trabajador monotributista de la administración pública porteña, cuyo pedido fue rechazado en un minuto, incluso antes de completar la carga de documentación.

Desde el sindicato remarcaron que el sistema de scoring crediticio aplicado a quienes solicitaron los préstamos incluyó verificación de recibos de sueldo, antecedentes financieros, nivel de endeudamiento y comportamiento de pago. Según ATE, esas condiciones contrastan con la flexibilidad que habrían tenido algunos funcionarios para acceder a créditos con tasas subsidiadas del 4% nominal anual y financiación de hasta 90% del valor del inmueble, frente al 75% ofrecido al resto de los usuarios.

La diferencia también quedó expuesta en los montos. Además de Massaccesi, el gremio volvió a señalar los créditos recibidos por Felipe Núñez (373 millones), Federico Furiase (367 millones), Federico Sharif Menem (357 millones) y Juan Pablo Carreira (112 millones), entre otros. En ese listado también mencionaron a la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien, según ATE, accedió a 279 millones de pesos.

Aguiar cuestionó además que algunos trabajadores contratados fueron excluidos por no contar con estabilidad laboral, pese a que —según remarcó— ese requisito no habría impedido el otorgamiento de créditos a funcionarios que luego dejaron sus cargos. “Los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa”, afirmó el dirigente, quien vinculó la situación con el acceso a la vivienda y denunció un esquema desigual.

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La presentación de las 714 solicitudes fue parte de una estrategia impulsada por ATE para poner a prueba la afirmación oficial de que las líneas crediticias estaban abiertas en iguales condiciones para cualquier ciudadano. Desde el gremio sostienen que los resultados contradicen esa versión y vuelven a poner en discusión el criterio con el que se otorgaron esos préstamos.

El caso volvió a poner en análisis la desigualdad en el acceso a los créditos hipotecarios, en medio de cuestionamientos sobre los beneficios otorgados a funcionarios y las restricciones que enfrentan trabajadores para acceder a una vivienda.