Un proyecto nacional que propone cambios en el sistema de pensiones por discapacidad generó preocupación en Río Negro por su posible impacto en el acceso a ingresos y a la salud de miles de personas. La iniciativa plantea modificaciones en los criterios de otorgamiento y control de estos beneficios, lo que podría derivar en restricciones y revisiones masivas.

Bloques legislativos del peronismo rionegrino presentaron un proyecto de declaración para rechazar la propuesta identificada como ley 109/2026, denominada “contra el fraude de pensiones por invalidez”. Desde los espacios PJ-NE y Vamos con Todos sostuvieron que la medida implicaría un cambio de enfoque en la política pública vinculada a la discapacidad.

El legislador Leandro García señaló que el planteo pone en discusión el alcance de las pensiones no contributivas, al considerar que se impulsa una revisión que podría derivar en bajas. En ese marco, advirtió sobre la construcción de criterios que, según indicó, colocan bajo evaluación generalizada a quienes reciben este tipo de asistencia estatal.

De acuerdo a los fundamentos del proyecto presentado en la Legislatura, en la provincia se estima que entre 20.000 y 30.000 personas dependen de una pensión no contributiva por discapacidad, prestación que representa un ingreso equivalente al 70% de una jubilación mínima y que además garantiza el acceso al programa Incluir Salud.

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Uno de los puntos señalados es la modificación del criterio vigente hacia un esquema basado en la “invalidez laboral”, en lugar del enfoque de derechos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según indicaron, este cambio podría alterar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema.

Asimismo, los bloques legislativos plantearon que las auditorías masivas previstas en la iniciativa podrían generar suspensiones automáticas o bajas en los beneficios, especialmente en contextos donde existen dificultades de acceso a juntas médicas o instancias administrativas.

En ese sentido, García hizo referencia a antecedentes vinculados a procesos de revisión, donde se registraron situaciones de notificaciones que no llegaron a destino o citaciones en lugares de difícil acceso, lo que habría derivado en la pérdida de beneficios sin instancias completas de defensa.

Otro de los aspectos incluidos en el análisis es el impacto que podría tener la medida en las cuentas provinciales. Desde los bloques señalaron que eventuales bajas en pensiones no eliminarían la demanda social, sino que trasladarían la presión hacia hospitales públicos, programas sociales y municipios.

También se mencionó la incompatibilidad entre pensión y empleo registrado como un factor que podría incidir en el acceso al trabajo formal de personas con discapacidad, en un contexto donde los niveles de desocupación en este sector son elevados.

Finalmente, la iniciativa legislativa insta al Gobierno nacional a garantizar el debido proceso, evitar suspensiones arbitrarias y sostener un enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas vinculadas a la discapacidad, en línea con los compromisos asumidos a nivel internacional.