La conformación del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura rionegrina quedó en etapa de formalización definitiva, tras la resolución del presidente del Parlamento, Pedro Pesatti, que reconoce la bancada encabezada por César Domínguez. Para el vicepresidente y apoderado de LLA en Río Negro, el abogado Damián Torres, el paso abre una nueva etapa política para el espacio en la provincia, con impacto institucional y proyección electoral.

Torres consideró que la definición quedó consolidada luego de que la Justicia agotara todas las instancias en Río Negro y ratificara que la banca corresponde a Domínguez, en el marco de la disputa iniciada por Primero Río Negro. Señaló además que presentaron una nueva nota con fundamentos jurídicos para reclamar el reconocimiento institucional del bloque, bajo el argumento de que negarlo afectaba el principio republicano. Indecó que la resolución ya fue firmada por la presidencia de la Legislatura y notificada formalmente, consolidando la representación del espacio dentro del Parlamento provincial.

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Nuevo escenario político y armado legislativo

Para Torres, el reconocimiento no supone sólo una formalidad. Planteó que habilita mayor actividad institucional y modifica el tablero político interno, al permitir al espacio empezar a construir alianzas parlamentarias y fortalecer una estructura que hasta ahora, dijo, carecía de representación propia.

En ese marco, sostuvo que la existencia formal del bloque abre una nueva etapa para sumar legisladores. Incluso aseguró que ya hay conversaciones con representantes de otros espacios que podrían acercarse a La Libertad Avanza, algo que —según planteó— era difícil mientras el bloque no tuviera reconocimiento institucional.

También vinculó este paso con la estrategia electoral hacia 2027, al entender que el bloque puede funcionar como plataforma para consolidar al partido en Río Negro y fortalecer su despliegue de cara a futuras elecciones provinciales y nacionales.

Consultado por el diputado nacional Aníbal Tortoriello, Torres lo ubicó entre las alternativas con posibilidades para una eventual candidatura a gobernador, aunque aclaró que esas definiciones dependen de la conducción nacional de Javier Milei y del esquema de acuerdos que se trace en las provincias.

Distinta fue su lectura sobre el vínculo con el bloque CREO en la Legislatura. Allí marcó una distancia política y dijo que hoy no ve condiciones para una coordinación parlamentaria, al cuestionar coincidencias de ese espacio en la presentación de proyectos con sectores del peronismo.

Definió a La Libertad Avanza como una “oposición razonable”, con disposición a acompañar proyectos que considere beneficiosos para la sociedad y rechazar aquellos vinculados —expresó— con subas impositivas o expansión del Estado.

Techo Digno: acuerdo, estrategia y cierre de una causa de diez años

Sobre la causa Techo Digno, Torres profundizó en la situación del exintendente de Cervantes Gilberto Montanaro y defendió la estrategia que derivó en un acuerdo con la fiscalía.

Sostuvo que en ese caso hubo particularidades vinculadas a la quiebra de una empresa contratista, lo que — explicó— derivó en extracciones en efectivo para afrontar pagos a trabajadores y proveedores. En ese contexto, negó apropiación de fondos y encuadró la situación en problemas de gestión.

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También cuestionó la inclusión de Claudia Montanaro en la causa, al señalar que fue incorporada años después y que finalmente la acusación quedó sin efecto por falta de elementos. Interpretó ese movimiento como parte de una estrategia de presión en la negociación.

Indecó también que la decisión de avanzar en una salida alternativa respondió al desgaste de un proceso que lleva una década, a la edad del exintendente y a los riesgos de un juicio largo con múltiples instancias recursivas. El acuerdo prevé tres años de condena en suspenso, pautas de conducta y, como principal consecuencia política, la imposibilidad de volver a ser candidato.

El caso Navarre y la discusión por la pena

Torres también actualizó el juicio por el siniestro vial en el que murió Luis Alan, a cuya familia patrocina, donde el acusado Navarre reconoció responsabilidad y la discusión quedó centrada en la pena.

Recordó que el hecho tiene como agravante que el imputado conducía con dos gramos de alcohol en sangre y señaló que tanto fiscalía como querella pidieron prisión efectiva, mientras la defensa reclama una condena en suspenso.

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Dijo que hubo intentos de acuerdo para evitar llegar a esta instancia, pero las posiciones sobre la pena hicieron imposible una salida consensuada. Planteó que para la familia de la víctima una condena efectiva es una condición de reparación mínima.

Torres agregó que uno de los elementos que trabó un entendimiento fue que el acusado nunca aceptó una pena de cumplimiento efectivo y que, además, pesaron antecedentes  previos por alcohol al volante y cuestionamientos de la querella sobre la conducta posterior al hecho.

Denuncia a una contadora de la ART

En el tramo final de la entrevista, Torres confirmó además que asumió la defensa de una contadora de la Agencia de Recaudación Tributaria investigada por una denuncia vinculada al presunto uso de tarjetas de terceros para pagos tributarios.

Aclaró que aún no hubo formulación de cargos y que una de las líneas de trabajo apunta a determinar si existió una maniobra atribuible a la acusada o si pudo haber mediado uso indebido de datos o un posible fraude informático.

Agregó que también evalúa elementos vinculados a la salud mental de su defendida, a partir de antecedentes psiquiátricos que —según sostuvo— podrían tener incidencia para determinar si comprendía o no la criminalidad de los actos, en caso de que la investigación avance.