La conducción de UNTER endureció sus cuestionamientos al Gobierno provincial luego de la represión ocurrida durante la protesta docente en el puente carretero que une Cipolletti y Neuquén, y trasladó este miércoles las acciones gremiales a Viedma con una manifestación frente a sedes del IPROSS.

La secretaria general del gremio, Laura Ortiz, realizó un balance crítico de la jornada de paro y movilización que comenzó el martes en el Alto Valle y terminó con incidentes y gases lanzados por fuerzas federales sobre docentes que participaban de la protesta.

“Nos preparábamos para una jornada más donde hemos salido a visibilizar nuestros reclamos”, señaló Ortiz, quien recordó que en anteriores protestas sobre la Ruta 151 habían realizado cortes intermitentes sin mayores inconvenientes. Explicó que esta vez la modalidad fue distinta debido al lugar estratégico de la protesta y la decisión de marchar sobre uno de los puentes carreteros. “Fue ahí que Gendarmería y Prefectura reprimieron a cada uno de los docentes que estábamos presentes”, afirmó.

Durante la segunda jornada del paro, UNTER concentró la protesta en la capital provincial para reclamar por el funcionamiento de la obra social estatal. La dirigenta indicó que el sindicato volvió a pedir una reunión con la conducción de IPROSS y cuestionó la presencia policial en las manifestaciones. “El mensaje es aterrador para nuestra provincia”, sostuvo.

Ortiz también respondió a los comunicados difundidos por el Gobierno de Río Negro, que aseguraron que hubo más del 65% de presentismo docente y que la provincia paga uno de los mejores salarios del país. “Estaría bueno que el Gobierno salga a dar cuenta de cuántas escuelas tienen suspendidas las clases por problemas edilicios, de agua, gas o baños que no funcionan”, planteó.

En relación con el posicionamiento salarial, consideró que ocupar el cuarto lugar a nivel nacional “no quiere decir que estemos bien”, sino que refleja una situación general de deterioro de los ingresos docentes en todo el país. Además, confirmó que el gremio continuará realizando medidas de protesta y reclamó una nueva convocatoria a paritarias. “Le exigimos a la Secretaría de Trabajo que cumpla su rol de intermediaria”, señaló.

En paralelo, UNTER difundió un duro comunicado en el que responsabilizó directamente al gobernador Alberto Weretilneck por la represión. “Weretilneck mandó a reprimir a la docencia rionegrina”, sostuvo el gremio, que denunció la utilización de fuerzas federales para “criminalizar la protesta social”.

El sindicato también apuntó contra la aplicación del denominado “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y afirmó que el operativo tuvo como objetivo “disciplinar y amedrentar” a quienes reclamaban por salarios y condiciones laborales. “No fue control ni prevención: fue represión”, expresaron desde el gremio.

La protesta y el operativo también generaron nuevas expresiones de respaldo político y sindical. La senadora nacional Ana Marks sostuvo que lo ocurrido en Cipolletti “expone una vez más una Argentina que sufre las consecuencias del ajuste” y responsabilizó tanto al presidente Javier Milei como a Weretilneck y al intendente Rodrigo Buteler por la situación social y salarial que atraviesan los trabajadores estatales.

“No hay paz social posible si los trabajadores no llegan a fin de mes”, expresó Marks, quien manifestó su solidaridad con la docencia y cuestionó que la respuesta a los reclamos haya sido la intervención de fuerzas federales.

Mientras tanto, el conflicto docente sigue abierto y desde UNTER anticiparon que continuarán definiendo nuevas acciones gremiales en rechazo a la política salarial y al accionar del Gobierno durante las protestas.