La disputa institucional en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) escaló este miércoles con la presentación de una denuncia penal contra el rector normalizador Gerardo Blanes, acusado por un grupo de consejeros electos de ejercer el cargo de manera ilegal tras el conflictivo proceso electoral que atraviesa la universidad.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía 1 de General Roca por consejeros vinculados a las listas Celeste y Blanca y La Tercera, con el patrocinio del abogado Federico Diorio. Allí se atribuyen presuntos delitos de usurpación de cargo público, ejercicio ilegal de funciones y falsificación de documento público.

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En la presentación judicial se especifica que el conflicto se originó durante una sesión del Consejo Superior realizada el pasado 30 de marzo, en el marco de las primeras elecciones de la historia del IUPA. De acuerdo a los denunciantes, aquella reunión se llevó adelante de manera irregular en la cocina del Hotel La Fundación y sólo participaron consejeros oficialistas vinculados a la agrupación La Unión, alineada con Blanes.

En la denuncia se sostiene además que el representante legal del IUPA, Silvio Garrido, habría informado durante esa reunión que la sesión quedaría sin efecto e incluso habría propuesto destruir el acta original para anular lo actuado, incluida la designación de Blanes como rector.

Los consejeros opositores afirman que, posteriormente, se confeccionó una nueva acta que habría sido utilizada para tramitar la Ordenanza N° 001/2026, instrumento mediante el cual Blanes quedó formalmente proclamado como máxima autoridad de la institución.

Para los denunciantes, el rector continuó ejerciendo funciones pese a que existiría una segunda acta oficial que anuló aquella sesión. Entre otras acciones, mencionaron la firma de actos administrativos y la participación de Blanes en negociaciones salariales ante la Subsecretaría de Trabajo en representación de la universidad.

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La presentación incorpora además pruebas documentales, videos y testimonios de integrantes de la comunidad educativa que, indicaron, respaldarían la denuncia sobre la destrucción del acta original y la posterior confección de nueva documentación.

“Este acto demuestra cómo Blanes se maneja como una autoridad legítima, en una situación de usurpación sin precedentes en la historia universitaria argentina”, señalaron desde el sector denunciante.

La causa se suma a otros expedientes judiciales abiertos en torno al proceso electoral del IUPA. Hasta el momento existen al menos cuatro denuncias impulsadas por sectores gremiales y estudiantiles que cuestionan la legalidad de las elecciones realizadas el 15 y 16 de marzo de 2026.

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Uno de esos planteos fue presentado por el Sindicato de Trabajadores del IUPA (SITRAIUPA) ante la justicia electoral provincial, que se declaró incompetente y derivó el expediente a la justicia federal. Posteriormente, el juez federal Dr. Greca devolvió la causa a la órbita provincial al considerar que el IUPA depende financieramente de la Provincia de Río Negro.

También existen presentaciones impulsadas por la Asociación de Docentes del IUPA (ADIUPA) y por el Centro de Estudiantes, ambas vinculadas a presuntas irregularidades en el proceso electoral.

A diferencia de esos expedientes, la nueva denuncia penal apunta específicamente a los hechos ocurridos el 30 de marzo y a las consecuencias posteriores derivadas de aquella sesión, incluyendo la supuesta destrucción de documentación, la confección de nuevas actas y el ejercicio del cargo de rector por parte de Blanes.