La expectativa de crecimiento económico que acompañó el desembarco de las inversiones energéticas e hidrocarburíferas en Sierra Grande comenzó a transformarse en preocupación dentro del sector comercial y empresario local. A más de un año del inicio de las obras vinculadas al proyecto VMOS y en medio del avance de iniciativas estratégicas como el gasoducto entre Tratayén y San Antonio Oeste, comerciantes y emprendedores aseguran que el impacto prometido sobre la economía de la ciudad todavía “no se ve”.

El planteo fue expresado públicamente la semana pasada por la Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande (CEESIG) y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sierra Grande (CISCSG), que difundieron un duro comunicado apenas dos días antes de la audiencia pública por el gasoducto. Parte de esos argumentos incluso fueron retomados luego por expositores que cuestionaron el desarrollo del proyecto energético.

Aunque desde distintos sectores se destacan los puestos de trabajo que estas inversiones vienen generando en Río Negro, las entidades empresariales de Sierra Grande sostienen que el movimiento económico local sigue sin reflejar ese crecimiento. Manifestaron que las empresas serranas continúan prácticamente excluidas de las contrataciones vinculadas a VMOS y al esquema de obras asociado al desarrollo hidrocarburífero regional.

En el documento, las cámaras señalaron que durante más de un año mantuvieron reuniones, presentaron propuestas y acercaron empresas locales con capacidad técnica para incorporarse a los proyectos. Sin embargo, afirmaron que las participaciones obtenidas fueron “marginales, aisladas y sin continuidad”.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo apunta a la aplicación de la Ley Provincial 5805, vinculada al régimen de Compre Rionegrino. Las entidades empresariales cuestionaron que compañías provenientes de otras provincias sean consideradas “locales” únicamente por instalar bases operativas transitorias o alquilar oficinas en Río Negro.

Según advirtieron, esa modalidad desvirtúa el espíritu de la normativa y termina perjudicando a firmas radicadas históricamente en Sierra Grande, que sostienen empleo e inversión permanente en la ciudad. En ese sentido, remarcaron que muchas empresas locales son rechazadas bajo argumentos vinculados a falta de experiencia, mientras observan que compañías recientemente constituidas sí acceden a contratos dentro del esquema de obras.

Las cámaras también apuntaron contra la falta de respuestas tanto de las empresas operadoras y contratistas como del Municipio y del Gobierno provincial. Indicaron que, pese a las notas formales, reuniones y pedidos institucionales realizados durante el último año, no hubo avances concretos para integrar a proveedores locales de manera sostenida.

“Sierra Grande no está pidiendo privilegios”, señalaron en el comunicado. “Está reclamando participación real, transparencia, igualdad de oportunidades y respeto”, agregaron.

El documento además anticipa que las entidades evalúan avanzar con “medidas más visibles y contundentes” para hacer públicos los reclamos ante la falta de respuestas satisfactorias. El planteo aparece en un momento clave para Sierra Grande, donde parte de la comunidad esperaba que el avance de las inversiones energéticas generara una reactivación económica directa sobre el entramado comercial y productivo local.