El proyecto que contempla la cesión de 294 hectáreas a una empresa privada para el desarrollo de un parque industrial en San Antonio generó cuestionamientos dentro del Concejo Deliberante. El concejal Matías Rodríguez, de Cambia Río Negro, puso el foco en el valor de las tierras, las condiciones de pago y la magnitud de la superficie involucrada.

La iniciativa contempla la asignación de 38 hectáreas en San Antonio Este, de las cuales unas 3,5 estarían destinadas a un área comercial y habitacional, y otras 252 hectáreas en San Antonio Oeste, en el sector donde actualmente funciona el basurero municipal, hacia la zona del empalme Cortizo. En total, la superficie involucrada alcanza las 294 hectáreas.

Rodríguez explicó que su principal objeción no está relacionada con la creación de un parque industrial, sino con las condiciones en las que se plantea la operación. Cuestionó que el proyecto establezca una contraprestación equivalente al 23% del valor fiscal, con un esquema de pago diferido y sin una fecha concreta claramente establecida.

“Queremos la inversión privada, todos queremos que se genere trabajo. Bienvenido un parque industrial, pero sin descuidar el valor patrimonial que tiene el vecino de San Antonio”, planteó el concejal en declaraciones al programa Raíz Informativa que conduce Pedro Caram.

En ese sentido, recordó que el valor fiscal de las tierras se encuentra muy por debajo del valor de mercado y que existen mecanismos municipales que permiten elevarlo hasta un 100 o 150% en determinadas operaciones.

Para Rodríguez, la falta de precisiones sobre los plazos constituye otro de los puntos centrales del cuestionamiento. Explicó que el proyecto establece además que no podrán crearse nuevos parques industriales hasta alcanzar un 90% de ocupación, una condición que, a su entender, podría mantener inmovilizada una superficie de grandes dimensiones durante décadas.

“300 hectáreas es desproporcionado”, sostuvo al comparar la superficie proyectada con otros parques industriales existentes en la región. El edil consideró que el desarrollo energético y la llegada de nuevas inversiones pueden generar una demanda de suelo industrial, pero insistió en que eso no justifica entregar una superficie de esa magnitud bajo condiciones que considera perjudiciales para el patrimonio municipal.

El proyecto consiguió los dos tercios necesarios en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de concejales de Juntos Somos Río Negro, La Libertad Avanza y Nos Une Río Negro. Rodríguez votó en contra junto a los ediles de Compromiso Ciudadano, Jovita González y Alejandro Araño.

Quiénes están detrás de la empresa

Otro de los aspectos señalados por el concejal fue la composición de la empresa beneficiaria, Sur Infraestructura, constituida recientemente y conformada, de acuerdo con lo explicado por Rodríguez, por tres socios: una persona oriunda de La Matanza, otra vinculada a una empresa de Tucumán y el abogado local Gerardo Collado.

El nombre de Collado también aparece ligado a otro proceso de tierras que generó controversias en la zona. Rodríguez recordó que el abogado fue patrocinante de familias que ocuparon terrenos al sur de Las Grutas, en el sector de Piedras Coloradas, donde con el paso de los años se consolidó un desarrollo inmobiliario sobre más de 400 hectáreas.

Ese proceso comenzó con una ocupación considerada ilegal y derivó en actuaciones judiciales que incluso contemplaron órdenes de demolición que finalmente no se concretaron. Actualmente, el sector se encuentra urbanizado de hecho, con lotes de alto valor y numerosas construcciones destinadas tanto a viviendas como a emprendimientos turísticos.

Un cruce que terminó en una invitación a pelear

La discusión política por el proyecto tuvo además un episodio que Rodríguez vinculó directamente con sus cuestionamientos a la iniciativa. El concejal relató que, luego de participar de un programa radial en el que se debatió el proyecto, se cruzó con el legislador provincial Luis Noale, quien había participado del intercambio y defendido la posición oficial.

Rodríguez contó que durante la discusión Noale cuestionó su postura y que, una vez fuera del estudio, le habría dicho que “no se la bancaba”. El concejal afirmó que posteriormente el legislador se quitó la campera y le propuso pelear.

“Le dije que no. Yo soy concejal, esto no se soluciona así. No es la manera, no es la violencia”, relató Rodríguez, quien sostuvo que sus cuestionamientos están respaldados por el análisis del expediente, comparaciones con otros parques industriales y consultas realizadas con personas ajenas a la política.

El concejal insistió en que su postura no implica oponerse a las inversiones ni al desarrollo industrial de San Antonio, sino reclamar condiciones que, a su entender, permitan proteger el patrimonio público.

“Uno puede estar más o menos equivocado, pero tiene que fundamentar una posición”, resumió Rodríguez, quien anticipó que seguirá de cerca la evolución del proyecto y las condiciones bajo las cuales se instrumentará la cesión de las tierras.