El PRO de Río Negro pidió que la Provincia gestione ante Nación la aplicación de un sistema para detectar y bloquear celulares en las cárceles rionegrinas, con el objetivo de evitar que los dispositivos sean utilizados desde las unidades penitenciarias para organizar o ejecutar delitos.

El planteo fue formalizado a través de un proyecto de comunicación impulsado por el legislador Juan Martin, con el acompañamiento de María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo. La iniciativa propone que Río Negro solicite la aplicación del mecanismo habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM.

La normativa permite extender a los establecimientos penitenciarios provinciales el procedimiento de detección y bloqueo de IMEI/IMSI de dispositivos móviles, a pedido de las jurisdicciones. El proyecto plantea que el Gobierno provincial requiera formalmente su implementación en las cárceles de Río Negro y adopte las medidas tecnológicas necesarias.

El reclamo se vincula con situaciones en las que teléfonos celulares fueron utilizados desde establecimientos penitenciarios para concretar maniobras delictivas. El bloque puso como antecedente una investigación iniciada en julio por una millonaria estafa telefónica contra un jubilado de 72 años.

En el marco de esa investigación se detectó que una organización criminal también operaba desde una celda del Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma, donde fueron secuestrados seis teléfonos celulares, varios de ellos con tecnología 5G.

A partir de ese caso, el PRO planteó que existen herramientas tecnológicas que permitirían impedir o dificultar el uso de dispositivos móviles desde las unidades penitenciarias. La propuesta apunta a que esos mecanismos sean aplicados mediante la coordinación entre la Provincia y el Gobierno nacional.

El legislador Juan Martin sostuvo que no debería permitirse que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen organizaciones criminales o se cometan otros delitos cuando existen herramientas para bloquear las comunicaciones.

El planteo no es nuevo dentro del bloque. En 2025, los legisladores habían presentado el Proyecto de Ley N.º 429/2025, que proponía instalar inhibidores de señal en los establecimientos del Sistema Penitenciario Provincial, además de prohibir el acceso de celulares y otros medios digitales de comunicación a las personas detenidas e incorporar teléfonos públicos para garantizar el derecho a las comunicaciones.

Ese proyecto no llegó a ser tratado en las comisiones de origen. Durante 2026, además, se presentó el Proyecto de Ley N.º 573/2026, que propone establecer expresamente que la privación de libertad comprende tanto la restricción física como la digital. Esta iniciativa tampoco fue tratada en comisiones.

El nuevo proyecto de comunicación toma como referencia el mecanismo nacional habilitado este año y plantea una alternativa diferente a las iniciativas legislativas anteriores. En concreto, solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación la aplicación del procedimiento de detección y bloqueo de dispositivos en los establecimientos penitenciarios rionegrinos.

La propuesta contempla específicamente el bloqueo de IMEI/IMSI, identificadores asociados a los equipos y a las conexiones de telefonía móvil, y plantea que la Provincia avance además con las medidas tecnológicas necesarias para poner en funcionamiento el sistema.

Martin señaló que el bloque viene planteando esta problemática desde hace más de un año y sostuvo que ahora existe una herramienta concreta habilitada por Nación para avanzar sobre el bloqueo de las comunicaciones móviles dentro de las cárceles.

Desde el PRO plantearon que la discusión no se limita a la utilización de teléfonos dentro de los penales, sino que está vinculada con la posibilidad de que esos dispositivos sean utilizados para coordinar delitos hacia el exterior.

El proyecto quedará ahora sujeto al tratamiento legislativo correspondiente, mientras el bloque busca que el Poder Ejecutivo provincial avance en la gestión ante Nación para aplicar el mecanismo en el Sistema Penitenciario Provincial.