La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó pedidos de informes para que el Gobierno de Río Negro explique la situación de antiguos pobladores rurales en el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, donde existen denuncias por desalojos, conflictos sobre tierras fiscales y cierres de accesos.

Las iniciativas fueron acompañadas por legisladores de Vamos con Todos y del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro. Uno de los planteos apunta a conocer qué juicios inició la Provincia mediante la denominada acción de lesividad, una herramienta judicial que permite revisar actos administrativos considerados perjudiciales para el Estado.

“Es muy grave que una herramienta que debería servir para defender el patrimonio público termine utilizándose contra familias rurales que llevan generaciones viviendo y trabajando la tierra”, sostuvo Odarda.

La legisladora también pidió información sobre posibles operaciones con tierras de origen fiscal en la zona. El pedido busca establecer si existen empresarios que hayan adquirido o pretendan adquirir tierras en el área, en qué condiciones y si se realizaron estudios de impacto ambiental y mecanismos de participación ciudadana.

Huella Andina y fuentes de agua

El segundo pedido de informes reclama precisiones sobre la cantidad de títulos de propiedad o derechos de usufructo otorgados a pobladores rurales desde la reforma de la Ley de Tierras. Odarda recordó que uno de los argumentos utilizados para modificar la histórica Ley 279 fue agilizar la regularización dominial de familias que esperan sus títulos desde hace años.

La presentación también incorpora las denuncias por el cierre de sectores de la Huella Andina y de accesos a fuentes de agua dulce. Se trata de un sendero de largo recorrido de la Patagonia Norte que recupera antiguas sendas utilizadas por pobladores cordilleranos.

Odarda advirtió que el área protegida todavía no cuenta con un Plan de Manejo aprobado y planteó que cualquier emprendimiento que pueda modificar las condiciones ambientales de la zona debe cumplir con la legislación vigente.

“No podemos naturalizar que las familias rurales sean empujadas fuera de la tierra mientras avanzan intereses económicos sobre territorios de enorme valor ambiental. El Gobierno tiene que explicar qué está pasando, quiénes son los beneficiarios y qué destino pretende darle a esas tierras”, afirmó.