Fabián Gatti y Beatriz Manso, autores del proyecto  de reforma recientemente presentado en la Legislatura rionegrina,  expresaron que “le recordamos al secretario de seguridad que la Constitución que tanto invoca prevé salvaguardas del tenor de las que estamos planteando en nuestro proyecto de Ley, inhabilitando para ejercer cargos de jueces y de legisladores a los militares y eclesiásticos regulares. Está claro que lo que se busca es asegurar al máximo la autonomía del poder político. Se trata, en todo caso, de una discriminación positiva en virtud de fortalecer dicha autonomía”.

Explicaron que “simplemente con esta iniciativa establecemos una incompatibilidad de funciones, como las hay en todo régimen laboral. Por otro lado, cuando planteamos contar, en la Secretaría de Seguridad, con el asesoramiento de miembros de la fuerza que demuestren aptitudes profesionales, lejos de ser una contradicción en nuestra propuesta, demuestra, no sólo que nuestra vocación no es discriminadora, sino que además valoramos el trabajo de aquellos policías que buscan especializarse”.

Gatti y Manso  opinaron que “la incompatibilidad de la policía con la política es un viejo debate que ya está zanjado. Lamentamos que entre en contradicciones con las aspiraciones personales de algún comisario en retiro. El agente de policía, fuere cual fuere su escalafón o situación de revista, no debe ni puede tener una vocación de poder. Nuestra propuesta no es antojadiza, está inspirada en la labor de especialistas en la temática, que vienen investigando desde hace mucho tiempo y que no tienen absolutamente nada de improvisados.”

Argumentaron que “así lo entiende la misma Ley 679, del personal policial de la provincia, la cual establece que el policía, no debe ´aceptar, ni desempeñar funciones públicas electivas, ni participar en las actividades de los partidos políticos´ (Art. 26, Inc. f). No hemos visto que nadie se haya rasgado las vestiduras por estas prescripciones.”

“Es inadmisible que detrás de una denuncia pública de discriminación se escondan las ambiciones personales de una persona, que piensa los derechos sólo en función de sí mismo. La débil argumentación deja a la luz sus designios”, continuaron.

Los legisladores de Redes observaron que “el mismo secretario de seguridad admitió públicamente que un policía nunca deja de serlo, mostrando la fidelidad corporativa que reviste. No la criticamos, simplemente planteamos que es incompatible con determinadas funciones.”

La misma Ley del personal policial prescribe, respecto a la situación de revista del policía retirado, remarcando que  “es una situación definitiva, cierra el ascenso y produce vacante en el grado a que pertenecía el causante en actividad” y que “no significa la cesación del estado policial…”.

Por último Gatti y Manso plantearon que “esta sujeción al estado de policía, a la que el mismo secretario de seguridad actual está sujeto, implica una actuación con espíritu de cuerpo, verticalidad y una dificultad notable en la independencia de criterios de actuación. Con gran pesar debemos decir que la realidad convalida lo que planteamos. En el breve tiempo que estuvo el secretario de seguridad al mando de la cartera, la fuerza policial ha sido la gran protagonista de los hechos de violencia e inseguridad. Lo único que atinó a hacer el comisario es defender a la corporación, exponiendo la vida de sus agentes, y en algunos casos poniéndolos como chivos expiatorios de su incompetencia en la conducción.”