La sentencia inicial fue dictada por la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma debido a que Bombardieri “no controló las liquidaciones” realizadas por distintos estudios jurídicos en el marco de las demandas por las aplicaciones de descuentos jubilatorios a empleados públicos estipulados por las leyes 2990 y 2502, y que generó un perjuicio al erario público rionegrino de 3,2 millones de pesos.
Para la Cámara, Bombardieri fue la que desde su encumbrado puesto en la Fiscalía de Estado se reunió con los abogados para convenir los pagos, centralizando en ella misma la responsabilidad de controlar y dando expresas órdenes de que otros empleados de esa repartición no se inmiscuyeran en el asunto.
El fallo señala que la propia acusada “aceptó la falta de control, aunque arguyendo que no era su responsabilidad hacerlo”. Ese argumento, los jueces lo calificaron de “inaceptable” y señalaron que las excusas “resultan pueriles y ofenden el sentido común”.
La Resolución de hoy del Superior tribunal surgió a raíz del rechazo a un Recurso de Casación presentado por la imputada.
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Ratifican fallo contra funcionaria por administración fraudulenta
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