Frente a esas múltiples respuestas esperables tal vez exista un punto de equilibrio en el que podamos coincidir las diferentes miradas sobre la justicia. Pero el debate debe darse; no esquivarlo con argumentos falaces. Como el bendito “avance sobre la independencia del Poder Judicial”, argumento con el cual se archivan todos los cuestionamientos. Con sofismas similares, la Corte Suprema castró la Reforma Judicial que se aprobó en el Congreso Nacional, sin otro trámite, sin más debate, con la mera fuerza del hecho concreto. Sin posibilidad de apelaciones. Avanzando sobre las atribuciones constitucionales de otros poderes (por ejemplo, el Legislativo).

Con razonamientos similares, otros jueces en distintos ámbitos se dedican a mantener posturas de privilegio. ¿De qué otra manera se puede entender la repetida argumentación a favor de la “acordada Nazareno” que declaró “inaplicable” una ley que incluía a los jueces en el pago de impuestos que paga el resto de los argentinos?

Esos mismos jueces pueden aplicar multas a los funcionarios de los otros poderes que no cumplen con los tiempos que les establecen para realizar alguna acción. Sin embargo, jamás se supo de algún juez multado por no cumplir con los tiempos procesales. Y esta historia se repite en cualquier juzgado de cualquier fuero sobre el que se nos ocurra poner la mira.

La actitud del juez de ejecución penal Pablo Chirinos de multar al gobernador Alberto Weretilneck  y otros funcionarios por no terminar las obras en el penal de Roca obedece a este tipo de razonamiento. Estos jueces se colocan por fuera de la realidad, son inmunes a los cuestionamientos y no ponderan los efectos de sus fallos sobre el cuerpo social. Establecer plazos irrisorios con la amenaza de liberar a los presos condenados si no se cumplen es un chantaje al gobierno y una amenaza a la sociedad. Además de caldear el ánimo en las cárceles y generar tensiones entre los presos, que buscarán la forma de subir sus posibilidades de salir en libertad.

A Chirinos parece no importarle que este gobierno triplicó el presupuesto para el Servicio Penitenciario; que está creando un organismo especializado para atender las cárceles; que está poniendo énfasis en la educación y la formación de los internos para su posterior reinserción social y laboral. Tampoco le importó mucho saber las condiciones en que se cumplirían las salidas laborales de Ramón Geldres. No leyó (o no interpretó), los peligrosos antecedentes de esta persona (que estaba condenada a 17 años de prisión por asaltos a mano armada, lesiones graves y homicidios). Tampoco verificó si Geldres salía a trabajar a esa carpintería de Cipolletti. El resultado: en la primera oportunidad asesinó a Claudio Araya e hirió gravemente a Natanael Araya.

Es el mismo juez que ahora nos amenaza con “externar” a los condenados.

Parece “simpático” multar a funcionarios; parece muy “progre” avanzar sobre las malas condiciones penitenciarias; pero resulta un exceso de atribuciones amenazar a toda la sociedad con medidas tan drásticas. Es hora de que enfrentemos el debate sobre la justicia que se necesita.

Por Herman Avoscan

Diputado Nacional (Frente para la Victoria)