En el marco de la causa que investiga once diferentes maniobras defraudatorias efectuadas contra el Estado rionegrino, el Fiscal Juan Pedro Puntel solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria al Secretario General de la Asociación Personal Empleados Legislativos, Alejandro Gatica y a Stella Maris Sale, Secretaria de Finanzas.

El fiscal, que subroga la Unidad de Delitos Especiales y contra la Administración Pública, imputó además a ocho personas más por considerarlas participes necesarias de algunas de las maniobras investigadas.

Al mismo tiempo Puntel le solicitó al Juez nuevas medidas probatorias que dan impulso a esta causa en la que trabajó también la adjunta de Fiscalía, Paula de Luque. Se llega a esta instancia luego de analizar detalladamente la innumerable cantidad de documentación que la compone y de haber evaluado los documentos entregados por el Tribunal de Cuentas que auditó exhaustivamente seis diferentes rendiciones efectuadas por el gremio, valiosas a la hora de readecuar los hechos y constatar la responsabilidad de cada una de las personas imputadas en los mismos.

La diversas maniobras defraudatorias fueron efectuadas entre los años 2010 y 2014, con el dinero correspondiente al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo creado por Resolución 04/2010 del Parlamento rionegrino.

Las operaciones que conforman la plataforma reprochada son las siguientes:

Retraso doloso en la rendición de cuentas (entre 4 y 20 meses después de lo dispuesto) para evitar el control oportuno de las restantes maniobras.

Manejo de fondos públicos deficiente, incompleto y confuso. Se realizaron movimientos sin la documentación jurídica necesaria que los justificara, sin comprobantes de adquisición y desdoblamiento de cheques entre otras estrategias destinadas a imposibilitar el control. Además surgió un faltante de más de dos millones de pesos en relación a lo ingresado y lo rendido.

Diversos trabajos de refacción y ampliación de un salón de la sede gremial se contrataron sin concurso de precios ni licitación pública. Además las obras no estuvieron justificadas con planos, certificados de avance y documentación que las acredite. Cuando hubo que rendir esos trabajos se entregaron facturas apócrifas por casi 15.000 pesos.

Se adquirieron de forma irregular -omitiendo la Ley de Administración Financiera y decretos reglamentarios- los siguientes lotes:

- Uno en las Grutas valuado en $308.000 y adquirido al Municipio de San Antonio sin convocatoria de precios, ni informar a la Comisión Directiva e incumpliendo la obligación de construir en él.

- Dos en el Balneario El Cóndor por $114.000 a una persona que no acreditó vínculo jurídico con el inmueble ni razonabilidad del precio y omitiendo concurso de precios.

- Alejandro Gatica compró a título personal nueve parcelas de tierra en Bahía San Blas a una persona que no acreditó derecho alguno sobre ellas y en cambio, actuó en mandato de otra inexistente según los datos de identidad brindados. Además existe información contrapuesta entre las parcelas y los datos referentes a ellas que constan en la documentación. Esta operación no fue certificada ni sellada.

- En Viedma enajenaron dos manzanas por un monto de $1.188.000. Tres años después, en 2015, otro de los imputados adquirió en $1.300.000 un inmueble situado en dichas tierras. Esta operación fue celebrada con personas que no acreditaron vínculo jurídico sobre el inmueble, ni precio en relación a los valores de mercado.

- 138 parcelas se adquirieron por $8.781.900, monto que implicó notorio sobreprecio en perjuicio del Estado Provincial a una sociedad comercial que las había comprado pocos días antes por 5.602.500 pesos. El inmueble, a su vez había sido vendido por sus originales dueños en una suma incierta pero ostensiblemente menor. La sociedad integrada por familiares de Gatica, fue creada para generar retorno al círculo familiar y fue inscripta de forma posterior a estas maniobras comerciales.

- Un inmueble de 20 hectáreas fue comprado por una suma superior a los 15 millones de pesos, implicando ello un notorio sobreprecio ya que había sido adquirido en fecha contemporánea a $8.833.200, pero había sido vendido a 590.000 por los originales propietarios.

De forma irregular se contrató a una empresa para que realice tareas de limpieza en un loteo sin el debido contrato, ni proyectos y certificados de avance entre otra documentación requerida. Para justificar dichos trabajos la empresa entregó iguales recibos en fotocopias.

Se utilizaron fondos con destinos no autorizados como la compra de divisas extranjeras, sin conocerse fehacientemente al día de la fecha la existencia de dichos dólares o el destino dado a los mismos.

Se abrieron y utilizaron cuentas bancarias no oficiales que dificultaron el control y registro de los fondos.

Para la adjudicación de terrenos no se cumplió el procedimiento formal. No se determinó el listado de empleados inscriptos, no se publicaron edictos previos, no hay recibos oficiales por las cobranzas, se vendieron –incluso más de un terreno- a personas ajenas a los organismos violentándose de esta forma la naturaleza y finalidad del destino específico de los fondos.

APEL pagó deudas anteriores a la creación del fondo sin autorización ni control de su legalidad.

Se adquirieron bienes en un corralón de esta ciudad en provecho propio o de terceros con dinero perteneciente al mencionado Fondo.

Se contrató irregularmente a profesionales sin Licitación Pública (Art. 7 del Anexo Res. 4/2010).