Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP - PAMI) decidieron llevar adelante un salvaje recorte en la provisión de medicamentos, mediante la modificación de la Resolución 337. En Río Negro esto generó, en las últimas horas, consecuencias escandalosas, ya que se ven interrumpidos los tratamientos de todos los pacientes oncológicos, con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Este recorte sucede debido que las autoridades del Instituto decidieron, el último día hábil de esta semana, eliminar lo que se conocía como Haber Previsional Patagónico. Este cálculo –de un haber mínimo y medio (13.000 pesos aproximadamente) a partir de los sueldos de la región-  era el tope mayor de ingresos que debía poseer el jubilado para poder contar con el beneficio de los medicamentos.

Sin embargo, cuando los trabajadores ingresaron al sistema en la jornada de ayer, se sorprendieron al ver que solo eran aceptados los trámites para aquellos jubilados que percibieran menos de 8.000 pesos, quedando de esta manera excluidos la mayoría de los residentes de Río Negro. 
 
"Lo que está pasando en el PAMI es gravísimo. Más de 60.000 jubilados se quedan sin medicamentos y hasta se interrumpieron los tratamientos oncológicos y de VIH. Pueden haber muertos en las próximas semanas por esta situación y los funcionarios deberán responder penalmente por ello”, alertó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
 
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) considera que “el accionar de los funcionarios es delictivo, ya que existen claramente responsabilidades penales por abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa, entre otras”.  
 
El Gremio también exige que el PAMI rectifique de manera inmediata su accionar y ponga a todos los beneficiarios rionegrinos en posesión de sus derechos.  Es que el achique en las prestaciones es alarmante y deja sin cobertura al 75 por ciento de los 80.000 jubilados que hasta ahora tenían acceso a alguno de los subsidios.
  
Desde el sindicato aseguran poder comprobar, además, que se exige un re-empadronamiento de los beneficiarios, para lo cual se cortó la provisión de medicamentos a quienes los venían recibiendo, demandando a su vez la confección de expedientes individuales por cada jubilado que son remitidos a Buenos Aires para ser evaluados en el Nivel Central. Todo este trámite tarda hasta tres meses en retornar a la provincia con la posible autorización, generando además que todos los pacientes diabéticos también se encuentren en este momento sin cobertura. 
 
La conducción de ATE no descarta iniciar medidas de fuerza junto a los Jubilados durante los próximos días y hace responsables absolutos a los funcionarios locales y nacionales de la Obra Social, como así también al Gobierno Nacional por las muertes y desmejoramientos en la salud que puedan sufrir los afiliados que ven interrumpidas las sesiones de quimioterapia, los cócteles de medicamentos para los casos de VIH y SIDA, o la falta de insulina a los diabéticos dependientes de ese fármaco.