Referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro participaron de la presentación de un proyecto de ley impulsado por la CTA nacional en contra de la criminalización de la protesta social. En ese marco los representantes gremiales elevaron un informe de la situación en la provincia, donde denunciaron el incremento de las causas judiciales iniciadas contra dirigentes y trabajadores por participar de reclamos sociales y sindicales.
El secretario general Rodolfo Aguiar y su adjunto Aldo Capretti participaron en la audiencia pública por la presentación del anteproyecto de ley contra la criminalización de la protesta social y expusieron sobre "el preocupante incremento de la judicialización de la protesta social en la provincia de Río Negro". Además mantuvieron una audiencia con la diputada nacional y titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Victoria Donda Pérez."Este proyecto debe convertirse en ley. Es la única manera de garantizar el derecho a la participación popular en la vía pública y a la protesta social. Necesitamos una norma que evite la criminalización de estos actos", enfatizó Aguiar ante la comisión parlamentaria. Detalló que durante su intervención "hemos expuesto sobre las causas armadas contra los trabajadores en nuestra provincia y la existencia de una porción importante del poder judicial completamente subordinado a los poderes ejecutivos Nacional y Provincial".
Entre los fundamentos de la iniciativa parlamentaria, elaborada por el Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y Liberpueblo, se señaló que "la criminalización de la protesta social es una práctica que se ha arraigado en el accionar cotidiano de algunos magistrados, fiscales así como de los diferentes gobiernos de la Nación, Provincias y Municipios que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad, sometiendo a procesos judiciales a trabajadores y dirigentes por ejercer su legítimo derecho de peticionar a las autoridades".
Ante el incremento de la judicialización y la represión de la protesta social con " el inocultable propósito de amedrentar y disciplinar a los actores sociales con el fin de acallar sus reclamos y en momentos en que la situación hace crisis con la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado, es que hoy más que nunca resulta ineludible el tratamiento de este Anteproyecto", señalaron desde ATE.
En síntesis la iniciativa busca "garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización". Y dispone "la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de salud, de educación, de justicia, de género e identidad sexual a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión".
2 mayo 2024
Gremiales