Para UNTER, el gremio docente rionegrino, la reforma previsional que se envió al Parlamento “es un brutal avance” contra jubilados y jubiladas. En este sentido explicaron que los obliga a resignar sus recursos para ampliar la partida presupuestaria de la provincia de Buenos Aires y producir cambios en la coparticipación impositiva. “Esto implica, una pérdida para el ANSES cercana a los 115 millones de pesos”, consideraron.

Detallaron que el proyecto oficial pretende modificar la ley de movilidad actual que consta de dos aumentos anuales en el haber jubilatorio, en marzo y septiembre, por otro mecanismo de actualización salarial en base a la inflación del Indice de Precio al Consumidor, IPC/INDEC.

“Producto del resultado electoral, el gobierno nacional avanzó en su proyecto político neoliberal, en sintonía con el Fondo Monetario Internacional. Ha intensificado la embestida sistemática a lo que presentan desde la lógica empresarial como “privilegios” del asalariado”, indicaron.

Agregaron que “hay un ataque descarado y mentiroso tendiente a producir confusión entre los privilegios que poseen jueces y presidentes y las regímenes especiales de algunas ramas del trabajo y en particular el docente. El objetivo es eliminar derechos adquiridos por trabajadores/as de la educación, a través de la Ley 24016 y el decreto nacional 137/05”.

“Quienes transitan su vida con salarios diez veces más altos que el ingreso de una maestra y con los privilegios que les da el poder, tienen la caradurez de “vender” el discurso que la crisis económica se soluciona quitándoles salarios a los jubilados”, denunciaron desde el sindicato.

Más adelante afirmaron: “Entendemos que pretenden desfinanciar el ANSES para justificar la implementación de un régimen de capitalización. Resuelven cambiar la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, para desviar el dinero que le corresponde al sector pasivo. Seguramente no será para una justa redistribución de la riqueza en los sectores populares”.

“En el Congreso hoy no está en discusión la distribución de la riqueza, impuestos a las grandes empresas, a las mineras, ni a los bancos que generan negocios para sacar las divisas del país. Tampoco se pone en cuestión que el impuesto a las ganancias deben pagarlo los empresarios y no trabajadores y trabajadoras”, mencionaron.

En este marco, exigieron a diputados y senadores “el rechazo total de las reformas laboral, previsional y fiscal, la oposición al endeudamiento eterno, a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora”, y que además “se pronuncien contra la precarización y flexibilización laboral, el desguase de la cobertura de salud y el desfinanciamiento de ANSES y la Seguridad Social”.

“En definitiva, exigimos que no traicionen la dignidad del pueblo”, aseveraron, convocando al conjunto de trabajadores activos y pasivos a “rechazar estas definiciones que pretenden imponer Macri y los Gobernadores que entregaron su dignidad. Es necesario movilizarse en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto, conquistado a partir de la lucha de la clase trabajadora y al que no renunciaremos”.