Un pedido de informes elevado este martes por el bloque legislativo del Frente de Todos apunta a determinar cuáles son los avances en la ciudad de la norma que busca garantizar el acceso a la propiedad de la tierra. El requerimiento reitera un pedido similar presentado en octubre pasado que el Ejecutivo provincial no respondió.

Los legisladores quieren conocer además quiénes son los funcionarios responsables a cargo y cómo se confecciona el registro de demandantes. Piden que se convoque a las organizaciones sociales vinculadas al tema tierras.

A pesar de los anuncios realizados por la propia gobernadora, Arabela Carreras, de la efectiva puesta en marcha de la Ley Pierri en la provincia, nada se concretó. A la fecha, más de 4 mil barilochenses completaron la documentación requerida. Sin embargo los trámites no avanzan y no hay respuestas más allá de la publicidad oficial.

Los potenciales beneficiarios no saben a dónde deben dirigirse ni cuál es el costo del trámite.

Las promesas se repiten desde hace décadas. En enero se realizó un acto con motivo de la entrega de la primera acta a una vecina de la ciudad, pero una vez más todo se resumió en una fotografía para la ocasión.

La provincia (Ley 3396) y al menos una docena de municipios adhirieron a la Ley nacional 24.374 o Ley Pierri hace más de 20 años, sin embargo su aplicación avanza a cuentagotas.

La norma establece la regularización dominial de inmuebles urbanos que tengan como destino el de vivienda única y permanente a favor de ocupantes que por no disponer de recursos no hubieran podido completar los trámites de escritura de sus hogares, pero que no obstante puedan acreditar la posesión pública, pacífica y continua de la propiedad durante 3 años.

Río Negro adhirió a la Ley Pierri en el año 2000, pero demoró casi dos décadas hasta su reglamentación instrumentada por Decreto 1167 de octubre de 2017.

Un caso testigo de estas demoras, es San Carlos de Bariloche, donde a partir de enero de 2018 el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (IMTVHS ) anunció la puesta en marcha de talleres informativos y asesoramiento a los vecinos para el armado de las carpetas, paso central para iniciar el trámite. Sin embargo, transcurridos algo más de 2 años, solo un trámite se concretó en la ciudad. La situación es similar en otras localidades de la provincia.

En 2019 se estimaba que en Bariloche había más de 8 mil casos de regularización dominial pendientes con posibilidades de acogerse a la Ley Pierri.

“El Estado provincial dispone de las herramientas pero no las aplica en tiempo y forma”, aseguró la presidenta del bloque legislativo del FdT, María Eugenia Martini.

“Río Negro sufre una profunda problemática con el acceso a la tierra y la vivienda. Son situaciones violentas muchas veces, que se multiplican sin encontrar una solución definitiva”, señaló.

En el pedido de informes presentado este martes, los legisladores Martini, Gabriela Abraham, Daniel Belloso, José Luis Berros, Ignacio Casamiquela, María Inés Grandoso, Alejandra Mas, Facundo Montecino Odarda, Luis Noale, Daniela Salzotto y Pablo Barreno preguntan “qué área o funcionario del Ministerio de Gobierno y Comunidad se encuentra a cargo de la ejecución de esta norma en la ciudad de San Carlos de Bariloche y qué acciones ha desarrollado para dar cumplimiento a la citada norma”.

Otro de los puntos que inquieta es “Cómo se llevará a cabo la instrumentación del Registro de Demandantes, cuáles son los recursos disponibles para la aplicación y financiamiento del procedimiento de la Ley Pierri, a nivel provincial y particularmente en San Carlos de Bariloche”. según lo planteado en la Ley.

“En Bariloche el acuerdo entre el municipio y el IPPV para la implementación de la Ley Pierri es de 2016”, recordó María Eugenia Martini, y estimó que “ya ha transcurrido un tiempo más que prolongado, durante el cual se supone que se avanzó en el trabajo en territorio, y sin embargo solo un trámite se concretó”.

En referencia a la única acta recibida por una beneficiaria en enero de este año.

“Hay casos emblemáticos en la ciudad”, indicó la legisladora, “como el de Virgen Misionera, Villa Llanquihue y Pampa de Huenuleo, posesiones que datan de 20 o 40 años. La Ley Pierri representa el pasaje institucional de lo legítimo a lo legal. Todos los instrumentos están vigentes, hay una Ley, está reglamentada y es urgente cumplirla”.

Por último los legisladores quieren conocer “Cuáles son los canales de comunicación de ese Ministerio (de Gobierno y Comunidad), particularmente de los funcionarios a cargo de la aplicación de la Ley Pierri con las organizaciones sociales que vienen trabajando en la temática y particularmente con la Mesa de Tierras de San Carlos de Bariloche y cuál es la razón por la que hasta el momento no han sido convocados de manera alguna pese a su reconocida trayectoria en el tema”.