El abogado Diego Sacchetti quien defiende a tres de los imputados por usurpación en una de las ocupaciones recientes en Viedma, criticó la declaración de culpabilidad por parte de la juez Daniela Zágari contra sus patrocinados, cuyos argumentos aún no fueron difundidos.

Sacchetti confía en que en la próxima audiencia de cesura o inmediatamente después, cuando se conocerá la pena establecida, podrá acceder a los fundamentos para la sanción que se va a imponer, que tiene un máximo de tres años de prisión.

El letrado aseguró que no comparte la sentencia condenatoria a sus defendidos, por un lado, por la forma en que se acusó ya que sostuvo que no está probada la mecánica a través de la cual se habría producido la usurpación.

Por otro lado, el abogado destacó como cuestión relevante que “en el artículo 181 del CPP, el delito de usurpación, tiene una redacción de la década del 60, que después fue derogado y en los 90, aproximadamente en el 95, luego de las crisis del menemismo y las políticas de ese momento, que produjeron un altísimo nivel de desocupación se generalizaron los fenómenos de las tomas de tierra, el Congreso entendió que tenía que poner un freno”.

No obstante, aseguró que “en los últimos años hubo avances en relación a no criminalizar a la pobreza, en el marco del cumplimiento de tratados internacionales. Relatores de Naciones Unidas hicieron un recomendación de que se modifique ese artículo, ya que Argentina ratificó esos tratados y los incluyó hace más de 30 años en su legislación pero seguimos criminalizando a las personas sin hogar”.

Aclaró que “no todo el mundo tiene derecho a tomar algo que no es propio, la propiedad privada tiene que tener las mismas garantíaas que cualquier otro derecho, lo que considero es que la respuesta a la situación no es a través del derecho penal”.

Sachetti agregó que en el caso puntual de sus defendidos “hay información aportada por la policía y por los denunciantes que confirma que hubo personas que instaron a la comisión del delito y que no fueron llevadas a proceso, que sólo se limitó a las personas que ocuparon”.

Los presuntos instigadores dijeron “tener acceso a funcionarios públicos y a personalidades de la política y que por eso tenían datos sobre cómo hacer los loteos, andaban con planos, y de eso están las constancias pero no hay investigación al respecto”.

Concluyó que “es muy difícil empatizar con estas causas cuando los funcionarios judiciales y los abogados somos privilegiados, representantes de una clase media asalariada con un lugar calentito para vivir”.