Gustavo Fernández a cargo de la Dirección de Defensa al Consumidor de Río Negro explicó cómo se lleva adelante la fiscalización en el marco de los programas impulsados por el gobierno nacional para el control de precios en comercios.

“La idea con estos precios de en los comercios de proximidad es que haya acatamiento voluntario, el consumidor desde el momento que ve que hay señalética de precios cuidados, sabe que el precio quedó anclado a la fijación de precios de Nación”, indicó.

Indicó que “se pide que se entienda la situación de las provincias donde el acceso a los productos es distinto, se está buscando la adhesión y después que se cumplan a rajatabla los precios que los mismos comerciantes ofrecen”.

Marcó diferencias en las sanciones previstas durante los años más crudos de la pandemia previstas a partir de marzo del 2020 a las actuales, que se rigen por la Ley de defensa al Consumidor.

“No es la intención nuestra ahogar económicamente a un negocio, sino que haya cumplimiento de los precios, si están adheridos. Y si no están adheridos, que haya controles en esos negocios referidos a ley de abastecimiento, exhibición de precios y hasta ley de góndolas”, destacó.

“Todo en materia tributaria debe cumplirse teniendo en cuenta la capacidad económica y contributiva de cada comerciante”, analizó.

Admitió que “cada vez va a haber penas más graves en casos de reincidentes y la intención es implementar registros de infractores en el marco de ley de consumidor y controles de precios. Se controla vencimiento, que lo que se ofrece se encuentra dentro de los precios acordados, que coincida el precio ofrecido con el producto”.

Agregó que “la fiscalización es un trabajo coordinado con municipios” y explicó que “las denuncia se pueden realizar se ingresando a la página de Agencia de recaudación Tributaria, donde hay un link que lleva”.