Bajo el lema "En Defensa del Territorio", más de mil personas, integrantes de comunidades mapuches tehuelches de Río Negro e integrantes de organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas, se movilizaron esta mañana por las calles de Viedma. 

Los reclamos se dirigieron especialmente hacia el Poder Judicial donde se reclamó por la aplicación del derecho indígena para la resolución de los conflictos con las comunidades. No obstante, también hubo reclamos dirigidos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo por las últimas decisiones del Gobierno provincial de otorgar permisos de exploración minera en territorio donde viven comunidades mapuches o el avance del parlamento, sin la consulta previa a los pueblos originarios, de autorizar la producción de hidrógeno verde, lo que implica ceder 625 mil hectáreas a empresas extranjeras.

La movilización se inició con una concentración a las 10 en la rotonda del Colegio Paulo VI, llegó hasta el centro de la ciudad y tuvo diversos parates en la Dirección de Tierras, la Legislatura, la Casa de Gobierno, para finalizar frente a las puertas del Poder Judicial pasadas las 13. 

Allí, representantes de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro se reunieron con la secretaría del Superior Tribunal de Justicia, a quien le realizaron los planteos. 

"Fuimos recibidos por la secretaria, no fue ningún Juez del Superior, pero sí planteamos algunos puntos de preocupación. Básicamente el desconocimiento del derecho indígena por parte de los magistrados y del Superior Tribunal. Es decir, nos referimos a todo el ámbito judicial, en distintos fueros y en distintas instancias", explicó Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche. 

Carriqueo destacó que "la conversación fue amena, lo que se llevó la secretaria es nuestra preocupación, cuatro o cinco puntos que teníamos que expresarlos, ahora hay que ver si lo toman o no lo toman. Pedimos una audiencia también formal, así que veremos". 

"Del otro fue sólo la recepción, pero por lo menos el Superior se lleva cuál es nuestra perspectiva, nuestro ver, sobre lo que está sucediendo", explicó el referente del Parlamento. 

"Lo que hay en concreto es una situación donde nosotros sí expresamos cuáles son las decisiones que vamos a tomar, nosotros vamos a desconocer cualquier orden que implique el desalojo de una comunidad, eso está ya sucediendo, entonces no tener una perspectiva del derecho indígena en el tratamiento de los conflictos agudiza la problemática", manifestó Carriqueo.

Mientras agregó que "me parece que el Poder Judicial tiene que empezar a actuar con mucha mayor cautela, pero entendiendo que la mayor problemática está dada porque no se utiliza el derecho indígena para resolver los conflictos con comunidades". 

"Si uno aplica el derecho penal por supuesto que no tenemos ninguna alternativa, entonces hay un montón de situaciones que le planteamos, como por ejemplo las casi 140 denuncias que hay en la fiscalía de Estado donde uno de los problemas puntuales es de Antual Albornoz que no está resuelto porque esa comisión no terminó nunca de investigar la venta fraudulenta de esa tierra, bueno, el conflicto está, el riesgo de vida está, y es algo que si hubiese tenido otro mecanismo quizá estuviese resulto de otra manera", remarcó Carriqueo.