Participantes de la reunión entre el Consejo Asesor del Ipross y las autoridades de la obra social apuntaron a la Fiscalía de Estado por su lentitud en la resolución de expedientes que involucran al funcionamiento del Instituto.

“Vamos a pedir la intervención de la Fiscalía de Estado en estos temas, porque pretendemos que se acorten los tiempos, el Ipross no puede estar esperando 18 mil días las autorizaciones para la firma de convenios. Cuestionamos la burocratización que obliga a estar esperando para poder hacer las cosas. Por ese organismo de control – que conduce el ex ministro de Seguridad Gastón Pérez Estevan- pasan todos los convenios que tiene que suscribir el Ipross”, sostuvo Cristina Marcellini, secretaria general de Sitsa y ex integrante del Consejo de Administración.

Resaltó la realización de la reunión de la semana pasada ya que “nunca habíamos tenido una información tan detallada con números de todas las áreas. Vimos a un presidente muy apasionado por lo que es la medicina y compenetrado con la situación de la obra social pero con una carga negativa, porque no está el dinero que se necesita”, agregó.

Dijo que “todo el equipo de conducción de todas las áreas se puso a disposición y estuvo abierto a las preguntas y repreguntas. Me extrañó esta apertura porque no la habíamos tenido antes. Ahora con estas 40 páginas y la información que se dio la tendremos que desmenuzar para poder darle la información a los afiliados. Fue una reunión muy productiva con la mera verdad”.

Marcellini consideró que el Ipross “es una obra social muy fuerte y muy grande pero que tiene muchos problemas que se denotan en lo financiero. Quienes sostenemos y aportamos somos los trabajadores. Vemos tres o cuatro situaciones que preocupan, como el ingreso de fondos por goteo, el dinero que no ingresa a las arcas por los montos no remunerativos en los salarios, entre otros”.

Afirmó que “el presidente del Ipross no se puede sentar a negociar sin plata cuando la plata debería estar”. Aseguró que “el Ipross está trabajando en agilizar convenios y aumentar coberturas” pero insistió con sus cuestionamientos a la Fiscalía de Estado.

Justificó el pago de plus debido a que “el Ipross está pagando 2300 pesos la consulta de un generalista. Si hubiera un reconocimiento más alto no debería pagarse plus. Queremos saber cuánto pagan otras obras sociales. Si se corrige todo esto el Ipross podría estar en mejores condiciones”.