Con acuerdo general de ministros la Gobernadora rionegrina, Arabela Carreras envió a la Legislatura un proyecto que declara la Emergencia Económica y Financiera durante todo el próximo año.

En ese sentido busca la aprobación legislativa para que se autorice al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a refinanciar los pasivos financieros contraídos por la Provincia de Río Negro, ya sea con entidades financieras, bancarias, el Estado Nacional y los contraídos mediante la emisión de certificados de deuda pública y con todo tipo de acreedor financiero frente a la provincia.

El proyecto también quiere que la Legislatura autorice al Poder Ejecutivo a ceder en garantía y/o en pago de las obligaciones asumidas los recursos que corresponden a la provincia de acuerdo al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, según la ley nacional nº 23.548 y sus modificatorias, regalías hidrocarburíferas y regalías hidroeléctricas por hasta la suma que resulte de la estructuración de los servicios del financiamiento previsto anteriormente.

El Poder Ejecutivo pretende:

1. Disponer por razones de emergencia la rescisión, prórroga y/o renegociación de los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros, de concesión pública, de consultoría y/o de cualquier otro tipo, celebrados con anterioridad al 30 de noviembre de 2023, incluyendo los cánones establecidos, en los cuales sea parte el Estado provincial y/o cualquiera de sus entidades.

2. Disponer la revisión de los regímenes de promoción fiscal; los fondos con destino específico; los regímenes de compensaciones, y los procedimientos y trámites aplicables a la enajenación de bienes inmuebles de la provincia que se encuentren en desuso.

Asimismo, el proyecto no descarta la emisión de bonos para el pago de deuda: “no cabe duda alguna que la emisión de los títulos públicos fue y es una alternativa financiera con la que cuenta la Provincia, facilitando hacer frente a su deuda flotante de una manera unificada y ordenada hacia el futuro, preservando así los derechos de sus habitantes y la continuidad del Estado como tal, y dotando de un marco de contención suficiente y útil a los sucesivos reclamos judiciales”.