Los Concejales de Viedma Evelyn Rousiot, Vanessa Cacho, Natalia Macri, Luciano Ruiz y Pedro Bichara expresaron un contundente rechazo al Decreto 70/2023, por considerar que contravine el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias que comprometan la vida, honor o fortunas de los argentinos.

Por ello, elevaron un proyecto de comunicación con esta postura al Congreso de la Nación, con el propósito de “instar a los Diputados y Senadores de la Provincia de Río Negro a rechazar el decreto por considerarlo no sólo inconstitucional, sino también como un atentado a las instituciones democráticas de Argentina”.

Entre las principales preocupaciones manifestadas se encuentra la amenaza a los derechos laborales. Aspectos como la estabilidad laboral, el derecho a la huelga, la jornada laboral de 8 horas y el derecho a no ser despedido injustamente se ven notoriamente comprometidos, explican.

Asimismo, se resalta la inquietud sobre la soberanía de la tierra, ya que la derogación de la Ley de Tierras y la Ley de fuego abre la posibilidad de transferir extensiones de tierra a manos extranjeras, poniendo en peligro la soberanía nacional, especialmente en la región patagónica.

En el ámbito de la salud, se alerta sobre los riesgos al desregular la venta de medicamentos, eliminando la necesidad de la intervención de un profesional farmacéutico, lo cual podría exponer la salud de los argentinos a intereses comerciales.

En el plano económico, la desregulación de precios de bienes y servicios se percibe como una amenaza al poder adquisitivo de los trabajadores, afectando a sectores vitales como las prepagas, la telefonía, el servicio de internet, los alimentos y los alquileres.

La derogación de la ley de alquileres, sin una normativa sustitutiva, otorga un poder desproporcionado a los propietarios, dejando al inquilino sin opciones viables. Además, la modificación o derogación de más de 300 leyes genera confusión y crea inseguridad jurídica.