El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al balance de los tres poderes del Gobierno. En base a ello entendemos que el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Presidente Javier Milei y secundado por todo su gabinete (sumado algún ex funcionario sin cargo) ha decidido subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del Poder Público y, al igual que hizo en su discurso de asunción, dar la espalda al Congreso de la Nación.

Es necesario subrayar que en éste ámbito legislativo están los representantes del pueblo{ a través de los Diputados nacionales{ y de cada una de las provincias, a través de sus Senadores. Cualquier plan de Gobierno que exija de modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate de estos representantes. La posibilidad de gobernar vía Decretos exige estados de situación excepcionales de Necesidad y de Urgencia que, en la inmensa mayoría del plexo normativo que se afecta, no tienen esa condición. Su vicio es de origen y por lo tanto nulo de toda nulidad, tal lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por ello, en el día de hoy, llevamos adelante una reunión con el Bloque de Diputados de Unión por la Patria para dialogar y establecer consensos en esta grave situación institucional. Seguiremos este mismo debate con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.

También nos movilizaremos el próximo Miércoles 27 de Diciembre a las 12  al Palacio de Justicia de La Nación, adonde presentaremos nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia del Poder Judicial que avale nuestra postura de inconstitucionalidad, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.

Convocaremos para el próximo jueves 28 de Diciembre a un Comité Central Confederal para establecer un plan de acción gremial en cada una de las actividades que conforman esta CGT que culmine con una protesta conjunta del movimiento obrero nacional.

Una elección de Presidente da legalidad y legitimidad para su cargo. Ejercer ese cargo exige de las mismas condiciones. Ser legal es respetar la Constitución Nacional. Ser legítimo es Convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado.