La CTA Autónoma de Río Negro criticó el fallo del juez federal Sebastián Ramos que sobreseyó a los integrantes de una reunión en Lago Escondido ya que sus funciones entran en colisión con la independencia de poderes.

“La única que avanza, es la libertad de la casta judicial, política y empresaria”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA. “Empoderada por la asunción de Milei, la casta se auto amnistía”.

La casta a la que hace referencia Vicente se trata del Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el exministro de Seguridad de esa localidad´, Marcelo D´Alessandro; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación; Julián Ercolini, juez federal; Pablo Yaradola, juez penal y económico; Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; Pablo César Casey y Jorge Rendo, directivos del grupo Clarín.

Los hasta ahora imputados mantuvieron una reunión en octubre de 2022 que fue dada a conocer públicamente mediante la difusión de un chat entre ellos. Si bien el juez Ramos dijo que no existen indicios de la comisión de un delito y que las evidencias sobre las que se delineó la denuncia fueron obtenidas supuestamente en violación a garantías constitucionales, es curioso que ninguno de los imputados haya desmentido haber estado ahí.

“Es bochornoso que una empresa de capitales ingleses que violó la ley de seguridad de frontera en Río Negro preste sus instalaciones para reuniones de encumbrados funcionarios políticos, judiciales y empresarios que acuerdan entre cuatro paredes los grandes fallos y medidas que perjudican luego a millones de argentinos”, agregó Vicente.