El Plenario de Secretarios Generales de UNTER resolvió por amplia mayoría declarar insuficiente la propuesta del pago de bonos realizada en la última paritaria por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, porque no constituye una verdadera recomposición salarial.

Se definió además exigir un urgente adelantamiento de la paritaria en la que el Gobierno realice una propuesta salarial acorde con el pliego de reivindicaciones que venimos sosteniendo desde UNTER y que concrete el blanqueo de la suma no remunerativa de $90.000 cobrada en los salarios de septiembre y octubre de 2023, según el acuerdo homologado en paritaria.

Con la presencia de representantes de las 18 seccionales de la provincia, el Plenario que se reunió este lunes 22 de enero, resolvió por unanimidad ratificar el no inicio del ciclo lectivo 2024 ante la persistencia del gobierno provincial de no realizar una oferta de recomposición que contemple el proceso híper inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido –y continuamos sufriendo- en nuestros salarios.

En el transcurso del extenso debate, que se dio de manera remota por plataforma virtual, la totalidad de las seccionales coincidieron en señalar que la oferta del pago de bonos no puede considerarse como una propuesta de recomposición salarial. Y una mayoría expresó que aunque puede representar un atenuante frente a la crítica situación socio-económica que padecemos lxs trabajadorxs de la educación, profundizada desde el 10 de diciembre, requerimos que el Gobierno provincial recomponga los salarios docentes tomando en cuenta no sólo la inflación acumulada de noviembre y diciembre sino también la devaluación que sufrió la moneda, para poder cerrar la pauta anual 2023.

El Plenario también definió impulsar acciones contra la intención de liquidar el sistema jubilatorio nacional y pavimentar el camino a reinstalar las AFJP, y propiciar la ratificación y protección de los ingresos que cobran jubilados y pensionados de nuestra provincia en concepto de zona austral, ante la amenaza concreta de que con las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei se elimine este derecho adquirido y obtenido en función de una región con un costo de vida mayor que en otras regiones del país.

Asimismo, se coincidió en seguir denunciando el desmedido ajuste aplicado por el gobierno nacional, y el rechazo a los proyectos de Ley Ómnibus y el DNU, ilegítimos y anticonstitucionales, que ponen en riesgo el sistema democrático y federal y amenazan con desterrar todos los derechos conquistados en años de lucha.

Por último, se reiteró la definición de continuar exigiendo a nuestros representantes en la Legislatura y en el Congreso Nacional que hagan público su posicionamiento respecto de las medidas anunciadas y promovidas por el gobierno nacional.