El bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó un Proyecto de Comunicación en defensa de las políticas públicas de género y diversidad.

Mediante esta iniciativa se intenta promover la continuidad de leyes vigentes en el país, que demostraron mejoras en la vida de la población argentina en materia de violencias por motivos de género, ya sea económica, física, sexual y reproductiva, psicológica y simbólica.

“Sostener y profundizar la aplicación de dichas normas, garantiza la vigencia de derechos humanos conseguidos a lo largo de muchos años de movilización y construcción de vastos sectores de nuestra sociedad, y en concordancia con tratados internacionales firmados por nuestro país, a los cuales nos hemos comprometido respetar”, manifestaron en los fundamentos.

Los legisladores, Ana Marks, Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich y Pedro Dantas sostuvieron que el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; las declaraciones públicas del Presidente Milei -cargadas de violencia contra este tipo problemáticas que atraviesan a toda la ciudadanía-; los artículos de la Ley Ómnibus, rechazada en el Congreso, que modifican cuestiones sustanciales de leyes vigentes que protegen a los sectores más vulnerables de nuestro país; sumado al reciente intento por derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, generan mayor desigualdad, violencia y vulnerabilidad de las ya existentes”.

“Las leyes que La Libertad Avanza planea derogar, son leyes que procuran garantizar la equidad y que han sido elaboradas con perspectiva de género para poder combatir y erradicar las violencias por tales motivos. Derogarlas, implica derribar consensos logrados hace décadas en la vida democrática de Argentina. Lejos de buscar libertad y defensa de la vida, resultan en mayores riesgos de muerte para mujeres, disidencias y niños; mayor pobreza y desigualdad; y un altísimo grado de intromisión del Estado en la vida de las y los ciudadanos”, explicaron.

Agregaron que en las propuestas modificatorias que traen se observa claramente que, en nombre de “la libertad”, se establece que el Estado puede perseguir a personas gestantes, obligarlas a continuar con el embarazo y quitarles sus derechos de planificación familiar, entro otros avasallamientos”.