El bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesan las universidades nacionales. Las instituciones educativas hoy reciben un tercio de los fondos que necesitan para funcionar.

El gobierno nacional decidió congelar el presupuesto del año 2023 sin tener en cuenta la inflación interanual de más del 250% y sin considerar los brutales aumentos en las tarifas de todos los servicios. Además, ante los reclamos de los rectores, el gobierno nacional adelantó que no enviará fondos adicionales.

Las universidades atraviesan un ahogo financiero que hace imposible afrontar el ciclo lectivo 2024. Ya se han suspendido proyectos de extensión e investigación y peligra el normal dictado de clases. “El propio presidente Milei ha expresado su repudio a la educación pública. Esta situación ya ha pasado de las frases altisonantes en las redes sociales a una premeditada acción de desfinanciamiento que pone en quiebre a la educación pública superior”, resumió la presidenta del bloque, Lorena Matzen.

“Esta situación impacta de lleno en el funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, que hoy reúnen a unos 98 mil estudiantes. La comunidad universitaria está movilizada y temen que se suspendan las clases si esta situación continúa”, resaltó. “Se anunció un aumento del 70% pero es necesario aclarar que es sobre el 3,5% del total del presupuesto 2023 y que sólo está destinado a cubrir gastos operativos menores. El aumento no contempla los salarios docentes y no docentes”, explicó Matzen.

“No podemos quedarnos callados mientras intentan destruir la educación pública. Debemos acompañar las iniciativas que la defiendan. Por esto presentamos un proyecto de comunicación para apoyar el proyecto de ley de la diputada nacional Danya Tavela, del bloque de la UCR. Plantea declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y propone establecer un mecanismo de asignación de recursos y gastos en el marco del presupuesto 2024”, sentenció Matzen.

El proyecto de Tavela es acompañado por sus pares radicales y por diputados de otros bloques. La iniciativa impulsa un esquema que contempla un 85% para gastos de salarios y un 15% para gastos generales y de funcionamiento. Además, prevé una actualización bimestral atada al índice de precios al consumidor y a la variación promedio de las tarifas de los servicios públicos.