La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció enérgicamente la reciente Resolución 710/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que establece la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). Según ATE, esta medida permite la vigilancia y el espionaje de la ciudadanía, lo que constituye una violación de los derechos fundamentales y de la privacidad.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó su preocupación afirmando que "Bullrich pretende legalizar las tareas de espionaje sobre todos los ciudadanos, queriendo hacer de la Argentina un Gran Hermano para espiarnos a todos". El sindicalista añadió que la creación de la UIAAS, junto con la creciente represión, reduce la democracia a su mínima expresión, calificando esta medida como un "macrismo exacerbado".

La resolución publicada en el Boletín Oficial generó un fuerte rechazo por parte de ATE, que sostiene que esta iniciativa del Gobierno Nacional es una flagrante violación de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

En su declaración, Aguiar enfatizó que el derecho a la intimidad, reconocido en la Carta Magna, está siendo destruido. "Es mentira que el Gobierno quiera utilizar la tecnología para hacer más eficaces y eficientes a las áreas de seguridad: las quieren usar para perseguir y exterminar a quienes piensen distinto", aseveró.

Entre las funciones de la UIAAS se encuentran el patrullaje de redes sociales y la "Internet profunda" para investigar delitos y detectar situaciones de riesgo, el uso de algoritmos de aprendizaje automático para predecir y prevenir crímenes, y el análisis en tiempo real de imágenes de cámaras de seguridad. Estas medidas, según ATE, permiten una vigilancia masiva y constante de la ciudadanía, atentando contra la privacidad individual.

Aguiar también recordó que la resolución viola los Artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, que protegen el derecho a la intimidad, así como diversas disposiciones de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.