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La Defensoría de Menores inició acciones judiciales para asegurar la vacunación de un bebé recién nacido, cuyos padres se negaron a cumplir con el calendario de vacunación obligatorio. La jueza de familia, María Laura Dumpé, enfatizó que un niño no vacunado representa un riesgo no sólo para sí mismo, sino también para los demás, especialmente en entornos como jardines de infantes.
El caso comenzó cuando el Hospital Zatti informó que la madre había dejado constancia de que no vacunaría a su hijo, a menos que lo indicara su pediatra particular. Durante la audiencia judicial, los padres no pudieron presentar evidencia que respaldara su decisión. Entonces, se solicitó al mencionado pediatra que se manifestará sobre el caso, quien negó haber aconsejado no vacunar al niño y afirmó que la decisión recaía exclusivamente en los padres.
La madre, estudiante de medicina, argumentó que no estaba de acuerdo con las vacunas debido a sus conocimientos sobre sus componentes. El padre, aunque separado de la madre, también apoyaba esta postura. A pesar de las audiencias y las explicaciones proporcionadas, los padres mantuvieron su negativa a vacunar al niño.
La jueza Dumpé destacó la importancia de la vacunación obligatoria no solo para proteger al niño, sino también para prevenir la propagación de enfermedades en la comunidad. "Un niño sin vacunar es un riesgo para todos, especialmente en un jardín de infantes, donde puede contagiar a otros niños que sí han sido vacunados", afirmó. La ley 27.491 establece la obligatoriedad y gratuidad de la vacunación, y su incumplimiento puede acarrear sanciones legales.
El tribunal otorgó un plazo de 5 días para que los padres vacunen al bebé en un centro de salud gratuito. De no cumplir, se procederá a la vacunación compulsiva, una medida que, según el juzgado, nunca se implementó en casos previos debido a la conformidad final de los padres tras el apercibimiento judicial.
La negativa a vacunar a los hijos se observa en algunos sectores de la población, influenciados por movimientos antivacunas que ganaron fuerza tras la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la justicia subraya que el bienestar del niño y de la comunidad debe prevalecer sobre las convicciones personales de los padres, garantizando así la protección de la salud pública.
26 noviembre 2024
Río Negro