La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma expresó su enérgico repudio a la imputación de cargos contra siete dirigentes sociales de Río Negro, quienes participaron en una movilización en mayo pasado para reclamar la provisión de alimentos a comedores y merenderos. La protesta, que tuvo lugar en la ruta 6, en el inicio del puente Paso Córdoba en Roca, buscaba visibilizar la falta de respuesta del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro ante la creciente demanda alimentaria.

Desde la CTA Autónoma, se denunció que la acción del Ministerio Público Fiscal en este caso no tiene otro objetivo que criminalizar la protesta social y ejercer presión sobre los movimientos que luchan por asegurar derechos básicos, como el acceso a la alimentación, a las familias que se encuentran en situación de pobreza. Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA en Río Negro, destacó que “lejos de garantizar derechos fundamentales como el alimento, la justicia trabaja una vez más para los intereses del poder concentrado”. Vicente subrayó además que, pese a los intentos de castigar la lucha social, la central obrera continuará reclamando y defendiendo causas justas.

La imputación de los dirigentes sociales, quienes pertenecen a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación Nacional Territorial (FeNaT), la UTEP, el Movimiento Evita, y otras organizaciones, también fue acompañada por medidas cautelares. Estas medidas, según se informó, obligan a los imputados a fijar y mantener domicilio, del que no podrán ausentarse sin previo aviso a sus defensores o a la Fiscalía, además de la prohibición de salir del país sin la autorización de la jueza de Garantías.

La CTA Autónoma reiteró su postura en defensa del derecho a la protesta y manifestó su preocupación ante lo que considera un intento de adoctrinamiento y desmovilización de las organizaciones sociales que luchan por los derechos de las personas más vulnerables. En este sentido, la central obrera llamó a la sociedad a mantenerse alerta y a apoyar las movilizaciones que tienen como fin garantizar derechos fundamentales.