La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esta ley busca recomponer el presupuesto de las universidades nacionales, afectadas por una crisis presupuestaria que pone en riesgo el derecho a la educación superior de calidad en el país.

Según ADPRA, la ley propone una actualización presupuestaria que ajusta los recursos destinados a las universidades nacionales en función de la inflación acumulada. De esta manera, se garantiza el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas sin generar un aumento adicional en el gasto público, ya que los fondos asignados se mantienen en línea con las necesidades económicas actuales.

La falta de financiamiento adecuado, advierte la asociación, impacta directamente en los derechos de estudiantes y trabajadores universitarios. De concretarse el veto, se verían comprometidos los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de las universidades, lo que afectaría negativamente las actividades de investigación, extensión y transferencia de conocimiento esenciales para el desarrollo científico del país.

ADPRA subraya que el sistema universitario es clave para el progreso social y económico de la Nación, por lo que el veto a esta ley podría generar un daño profundo en la calidad educativa. La organización insta al gobierno a reconsiderar su decisión, solicitando que se avance en la implementación de un sistema de financiamiento que garantice la estabilidad de las universidades públicas sin afectar las cuentas fiscales.

Por último, la asociación destacó la importancia de proteger el sistema educativo público, asegurando que se respete el derecho a la educación superior y se fortalezcan las bases para el desarrollo académico y científico de Argentina.