La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) denunció en una conferencia de prensa que el Gobierno provincial impulsa medidas que, según el gremio, afectan la institucionalidad y la transparencia del sistema educativo. Entre las principales denuncias se destaca el retiro de licencias gremiales en Juntas de Clasificación y otros estamentos claves, lo que genera preocupación entre las y los docentes por el impacto en la calidad educativa y la estabilidad laboral.

Silvana Inostroza, Secretaria General de UnTER, afirmó que el Gobierno provincial está poniendo en riesgo el trabajo construido por años, al reducir la participación gremial en procesos fundamentales como la clasificación de docentes, los movimientos laborales y los procesos sumariales. Según la gremialista, el regreso de trabajadores de las Juntas a sus puestos en las escuelas provocará el desplazamiento de quienes cubrían esas suplencias, afectando tanto a docentes como a estudiantes en pleno ciclo lectivo.

Marcelo Nervi, vocal gremial docente en el Consejo Provincial de Educación (CPE), calificó la situación como inédita en la historia de la provincia, destacando que nunca antes se había roto la institucionalidad de esta manera. Nervi denunció que la medida del gobierno provincial de retirar licencias afecta la transparencia y democracia en los cuerpos colegiados, eliminando la representación sindical y dejando solo la visión oficialista, lo que implica, según el gremio, una postura disciplinaria y sancionadora por parte de las autoridades.

UNTER también hizo referencia al cierre de la Escuela Rodolfo Walsh, un espacio de formación sindical y pedagógica gestionado por el gremio, que quedó inoperante tras el retiro de licencias a las y los responsables de las capacitaciones. Esta medida afecta directamente la posibilidad de brindar formación presencial a docentes, algo que, según el sindicato, no es garantizado por el Estado provincial.

La situación se agrava con la baja de licencias a integrantes de la Comisión de Viviendas de UnTER, que gestionaba la adquisición de terrenos para garantizar el acceso a la vivienda de trabajadoras y trabajadores estatales. Esta comisión había impulsado la Ley del Fondo Habitacional, que benefició a numerosos docentes y estatales de la provincia.

Finalmente, Nervi advirtió que las acciones del gobierno no debilitarán las exigencias gremiales, como la derogación de la ley que declara la educación como servicio esencial y la continuidad de los reclamos salariales. Destacó que cualquier error o falla en las Juntas de Clasificación será responsabilidad directa del Ministerio de Educación y los funcionarios firmantes de las resoluciones.