Universidades rionegrinas rechazan veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Autoridades y trabajadores exigen que se garantice el acceso a la educación superior gratuita.

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Las universidades públicas nacionales de Río Negro, junto con la comunidad universitaria, expresaron su rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario. A través de un comunicado, solicitaron el apoyo de la ciudadanía y de los representantes políticos para ratificar la ley, destacando la importancia de mantener el financiamiento adecuado para asegurar el acceso y la calidad en la educación superior.

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, señalaron que las universidades no deben verse como un costo, sino como una inversión fundamental para el desarrollo cultural, económico y científico de la región. En su declaración, subrayaron que el veto compromete el futuro de miles de estudiantes y pone en riesgo las actividades de investigación, innovación y extensión que son pilares del progreso en la provincia.

Trabajadores no docentes, docentes y del colectivo estudiantil, también exigieron por nota a los diputados nacionales por Río Negro que defiendan la educación pública y que acompañen el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario argentino. 

Por su parte, el Bloque de Legisladores de la UCR en Río Negro también se manifestó en contra del veto. En un Proyecto de Comunicación presentado ante la legislatura rionegrina, pidieron a los diputados y senadores que ratifiquen la ley, argumentando que sin esos fondos, el futuro de más de 50.000 estudiantes en la región se vería afectado. La legisladora Lorena Matzen, presidenta del bloque, advirtió que no apoyar la ley sería un retroceso para la formación técnica y profesional en la región.

El veto, firmado por el presidente Milei, generó una fuerte preocupación entre los sectores educativos y políticos de la provincia, que ven en esta medida un riesgo para el crecimiento social. Desde diversos frentes, se destaca que la gratuidad y el acceso irrestricto a la educación superior son derechos irrenunciables que deben ser defendidos, y que garantizar el financiamiento universitario es una prioridad para el desarrollo del país.

FOTO: NATALIA GONZÁLEZ 


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