La Justicia avala licencia médica de docente tras rechazar la auditoría privada del Gobierno

Es por un caso de una docente de Cipolletti a la que sólo le habían aprobado 9 días de licencia de 30 solicitados por su médica después de una cirugía

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La Justicia de Río Negro emitió el 8 de octubre un fallo a favor de una docente que había visto rechazada su licencia de 30 días por parte del sistema de auditorías médicas implementado por el Gobierno Provincial. La decisión resalta la necesidad de garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, así como la importancia del respeto por los diagnósticos y tratamientos indicados por los profesionales de la salud.

La Cámara del Trabajo de Cipolletti dictó un recurso de amparo en respuesta a la acción presentada por la docente, quien había solicitado el reposo laboral tras una intervención quirúrgica. La auditoría médica, a cargo de la empresa Dienst Consulting, solo aprobó 9 días de licencia, generando la controversia que llevó a la docente a buscar amparo judicial.

El fallo, firmado por el presidente de la Cámara Laboral, Luis Lavedán, y las juezas María Marta Gejo y Silvia Pérez Peña, ordena que se reconozca la licencia paga de 30 días. Esta decisión se emite con base en el certificado médico proporcionado por la médica tratante, y se condiciona a la evaluación posterior por parte de una Junta Médica que determinará la validez del reposo solicitado.

Para sustentar la medida cautelar, se convocó al Cuerpo de Investigación Forense de Río Negro, que determinó a través de la doctora Griselda Saulino, perito médica oficial en el caso, que la licencia de 30 días era acorde al diagnóstico y estado de la docente. Este análisis fue fundamental para que la Cámara revocara la decisión de la auditoría médica automatizada.

La resolución fue celebrada por el sector docente, quienes ven en este fallo un respaldo a sus derechos. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) se reiteró la necesidad de derogar las resoluciones que sustentan la implementación del sistema de auditorías, al considerar que estas prácticas vulneran el derecho al cuidado de la salud de los trabajadores.

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