El Ministerio de Salud de Río Negro y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) lanzaron la “Guía de Actuación para la Atención del Consumo Problemático en la Administración Pública”, un protocolo destinado a formalizar y fortalecer la intervención en casos de consumo problemático en el sector estatal. La presentación se realizó a través de una mesa interministerial integrada por autoridades provinciales y tuvo la participación de responsables de recursos humanos de todos los ministerios.

La iniciativa, liderada por el Área de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, busca crear un marco de acción concreto para brindar apoyo a empleados públicos que enfrenten situaciones de consumo problemático, incluyendo tanto sustancias como adicciones digitales. Tania Lastra, secretaria de la Función Pública, explicó que el objetivo de esta guía es mejorar las condiciones laborales y de salud de los empleados, permitiendo un abordaje integral que evite la interrupción de la carrera laboral de quienes atraviesan estas problemáticas.

Cada organismo involucrado cumplirá un rol esencial en la implementación del protocolo. En este sentido, Norma Mora, directora del programa de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, destacó que la guía fue creada de forma colaborativa para establecer procedimientos claros en situaciones que afectan a compañeras y compañeros de trabajo.

Fernando Varela, coordinador de Capacitación del IPAP, subrayó la relevancia de contar con un marco regulatorio que permita un abordaje ordenado y estandarizado de estas situaciones, a fin de orientar al personal encargado de la gestión de recursos humanos. Asimismo, Marcela Ávila, presidenta de la obra social IPROSS, anunció que se está trabajando en la preparación de módulos específicos para intervenir en los casos en que la obra social deba participar, en colaboración con el Ministerio de Salud y APASA.

Finalmente, Marina Deorsola, subsecretaria de Articulación de Programas de Salud, enfatizó la importancia del trabajo en red entre las instituciones para abordar la problemática de manera integral y priorizar la salud del trabajador. Deorsola resaltó que este esfuerzo conjunto busca un acompañamiento temprano que involucre tanto a la salud pública como a la obra social.

Este nuevo protocolo representa un avance significativo en la construcción de un entorno de apoyo para trabajadoras y trabajadores estatales, promoviendo espacios laborales seguros y saludables en la administración pública.