La diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde (LLA), deberá realizar un nuevo desembolso para poner fin a una demanda civil en su contra. En esta ocasión, la legisladora acordó pagar 12 millones de pesos en el marco de un conflicto relacionado con el proyecto inmobiliario “Tajamar” en Las Grutas, en el que fue señalada por presuntas irregularidades en la venta de terrenos.

Villaverde, empresaria y representante política de Javier Milei en la provincia, enfrentó previamente una situación similar en mayo pasado, cuando pagó 10 millones de pesos para resolver otra acusación en el mismo fuero civil. Según el fallo emitido por la jueza Vanessa Kozaczuk de San Antonio Oeste, la nueva indemnización se hará efectiva en dos cuotas de 6 millones de pesos cada una, que serán abonadas en los próximos 30 días.

Además del pago monetario, el acuerdo contempla que la persona afectada por la transacción pueda retirar las chapas de un techo ubicado en el terreno en disputa o recibir materiales de construcción equivalentes. Una vez cumplido este paso, Villaverde retomará la posesión completa del inmueble, incluidas las mejoras realizadas en el mismo.

El proyecto inmobiliario “Tajamar” es objeto de cuestionamientos por parte de compradores, quienes alegan la falta de habilitaciones municipales en una zona catalogada como rural, sin permisos para uso habitacional. Las quejas aumentaron durante y después de la pandemia, periodo en el que el desarrollo sufrió demoras en la provisión de servicios, lo que generó un proceso administrativo complejo. Durante las primeras audiencias, Villaverde se refirió a estos obstáculos como razones para justificar la falta de avances, aunque finalmente accedió a los acuerdos indemnizatorios.

Esta no es la única controversia que involucra a la diputada Villaverde. Actualmente, enfrenta una investigación penal por un supuesto fraude relacionado con una rifa organizada sin autorización de la Lotería de Río Negro durante su gestión al frente del Club Las Grutas. La rifa incluía un terreno como premio, el cual nunca fue entregado, lo que motivó una intervención de la Fiscalía de San Antonio Oeste. La fiscalía solicitó recientemente un informe detallado para evaluar los próximos pasos en este proceso penal.